El Presidente insiste: hay que ahorrar. Nadie lo niega. Dice que hay que eficientar el gasto público. ¿Cómo estar en contra? Asegura que hay que terminar con los lujos y el dispendio. Imposible no coincidir.
El diagnóstico es correcto. La solución que plantea no lo parece tanto. Pasar de la “austeridad republicana”, a la “pobreza franciscana”, suena bien en términos narrativos, pero ¿qué tanto vuelve eficiente el gasto público para mejorar la vida de millones de mexicanos?
El discurso es plausible, pero con palabras no se transforma la realidad. Los gastos que López Obrador pretende reducir o eliminar, son más de forma que de ahorro sustancial. Eliminar viáticos o bajar sueldos son símbolos que gustan a la tribuna, pero no necesariamente traen consigo un efecto positivo.
Hay miles de buenos servidores públicos que están mermados en sus ingresos; castigados en sus sueldos. Pero, además, la reducción en viajes o gastos de operación no sólo va en detrimento de la responsabilidad pública que los funcionarios tienen, sino de los ciudadanos.
Para supervisar una obra o proyecto, por ejemplo, ¿es suficiente una foto o video enviado? ¿O es mejor ir, caminar y adentrarse?
El presidente hace lo segundo, ¿por qué limitar a los servidores públicos? Ir y estar es un gasto de operación en cualquier proyecto de ejecución, no es un lujo. No es un paseo por Las Vegas o Disneylandia. Estigmatizar suena más a demagogia.
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Si tenemos recaudación récord, como ha informado el SAT, ¿cómo es que ahora iremos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana?
Si hubo abusos o aun los hay, que se recorten y se castiguen. Pero agarrar parejo, meter tijera a todo, es un error.
En 2019, el presidente promulgó la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuya finalidad era eliminar beneficios para funcionarios públicos, así como reducir el presupuesto de las dependencias en gasto corriente. Tres años después, los resultados no alcanzan para lo que se propuso. ¿Es porque no se recortó donde debería? ¿O algo no se está haciendo bien?
En lo que va de 2022, el gasto federal se ha acelerado al asignarse más de 722 mil millones de pesos a través de 77 mil contratos, lo que equivale a 2.7 millones de pesos cada minuto: 429 contratos diarios.
Durante los primeros seis meses de este año, 78 de cada 100 contratos fueron asignados mediante adjudicación directa (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). 111 dependencias y entidades han asignado más de 50% de sus contratos mediante procedimientos de excepción en 2022.
En lugar de la “pobreza franciscana”, quizá valdría la pena gastar mejor.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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