Después de 12 años de lucha por tratar de llegar a la Presidencia de Colombia, el pasado domingo se cumplió esa meta: Gustavo Petro fue favorecido por la mitad de los sufragantes colombianos. Ahora es su turno de demostrarles que no se equivocaron, pero el reto no pinta fácil.
Petro ya tocó base con Estados Unidos, al entablar comunicación con el secretario de Estado, Antony Blinken, Colombia ha sido por muchas décadas el principal aliado de Washington en América Latina y en particular en Sudamérica.
El Plan Colombia, que nació para combatir al narcotráfico y a las guerrillas, es testigo de esa buena relación con EU, el presidente Joe Biden solicitó dentro de su presupuesto para 2023, un monto 463 millones de dólares para ayudar a Colombia.
Pero esa relación estratégica entre los dos países podría ponerse a prueba con el cambio de gobierno colombiano, a partir del 7 de agosto, cuando asume el cargo Petro.
Sólo para abrir bocado, el Presidente electo ha indicado que quiere anunciar el fracaso de la "guerra contra las drogas" y reexaminar el tratado de libre comercio entre Colombia y EU, que a su juicio atenta contra la producción agraria de su país.
Además, el exguerrillero deberá tomar decisiones con pies de plomo, sobre todo, porque no tiene el respaldo de una mayoría legislativa. El nuevo Congreso fue elegido en marzo y entrará en funcionamiento el próximo julio por el periodo 2022-2026.
El Pacto Histórico, coalición de Petro, consiguió 20 asientos en el Senado (108 posibles) y 47 representantes (de un total de 172), pero no le alcanza y necesitará negociar con la oposición para poder llevar a buen puerto sus promesas.
El reto es muy ambicioso y considera una reforma progresiva a las Fuerzas Armadas, respondiendo a la terminación del conflicto armado; el servicio militar dejará de ser obligatorio; propone reubicar a la Policía nacional bajo el Ministerio de Interior o de Justicia y desmontar el escuadrón antidisturbios ESMAD.
También, instaurar la justicia restaurativa y convertir a la cárcel en espacio de resocialización; garantizar los recursos necesarios para la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado provocado principalmente por las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia(FARC) y el activo Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sus propuestas también abordan impulsar estrategias jurídicas para acelerar los procesos de restitución de tierras, eliminar la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína, anular la dependencia de la población rural de los capitales de la cocaína mediante la sustitución.
Investigar los usos benéficos que pueden tener los productos derivados del cannabis y la hoja de coca y desmantelar de manera pacífica los grupos multicrimen, identificando financiadores, estructuras y vinculación con el Estado. El plan ya está hecho, falta poder aplicarlo y llevarlo a buen puerto.
POR ISRAEL LÓPEZ
COLABORADOR
ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
MAAZ