La oleada antitaurina para suspender en la Ciudad de México las prácticas de la fiesta brava, como una expresión de violencia y crueldad en espectáculos públicos, va más allá de la capital: ahora impulsa, por medio de una iniciativa de ley divulgada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que el Estado deje de promover acuerdos o destinar recursos públicos para la realización de eventos donde haya actos de maltrato contra animales.
La propuesta publicada el 31 de mayo, misma que fue retomada de la 63 Legislatura, no señala a ningún particular. Sin embargo, luego de solicitudes de información realizadas hace siete años, se descubrió que gobiernos estatales financian corridas de toros con dinero de las tesorerías.
Un ejemplo es que Espectáculos Taurinos de México, S.A. de C.V., propiedad de la familia Baillères, recibió subsidios anuales por alrededor de tres millones de pesos para el serial taurino que se lleva a cabo en la Plaza Monumental, durante la Feria Nacional de San Marcos.
“Los festejos se dan en una propiedad pública, y para el gobierno de Aguascalientes el serial taurino es uno de los puntales de la Feria. Sin embargo, la encargada de gestionar, montar y recoger lo emanado de la taquilla de la Monumental es la empresa de Baillères, a la que la actual administración estatal, por medio del Patronato de la FNSM, cada año le garantiza centenas de miles de pesos del erario”, divulgó Contralínea y exhibió los documentos que acreditan la gestión de los recursos.
La iniciativa es del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez —quien la promovió en la legislatura antepasada—, en la cual propone reformar disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Organizaciones Ganaderas, y tiene el respaldo de los grupos antitaurinos que llevaron ante el juez Jonathan Bass la suspensión definitiva de las corridas de toros.
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El gobierno capitalino, a través de la Consejería Jurídica, impugnó la admisión de la denuncia de la asociación civil Justicia Justa ante un juez federal que suspendió de forma definitiva las corridas en la Plaza de Toros. “Esta impugnación fue realizada por trámite”, aseguró Claudia Sheinbaum. De ser aprobada la ley que se presentó en San Lázaro, ninguna autoridad estaría en posibilidades de proveer recursos o promover facilidad alguna para llevar a cabo espectáculos de la fiesta brava. Sin embargo, la jefa de Gobierno pidió al Congreso de la CDMX realizar una consulta para que los ciudadanos decidan si deben seguir o no las corridas, porque ella no está ni a favor ni en contra.
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UPPERCUT: Y mientras el administrador de Aduanas, Horacio Duarte, hace su luchita por la candidatura a la gubernatura del Edomex, asegura, tras salir de Palacio Nacional, que va a colaborar para esclarecer el histórico atraco en el puerto de Manzanillo de 20 contenedores de oro y plata.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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