Abundan ejemplos en las entidades de malos manejos financieros que, desde hace mucho tiempo, se presentan en sus sistemas de pensiones, con una visión perversa de exgobernantes que tratan las reservas de los servidores públicos como si fueran propias.
En Tamaulipas, la administración entrante ha encontrado, como parte del proceso de entrega recepción, que las pensiones de nueve mil trabajadores retirados se encuentran en riesgo, ya que la autoridad hacendaria estatal no transfirió las aportaciones de dichos derechohabientes al fondo de pensiones.
No sólo eso, en 2021, el gobierno que acaba de salir suscribió un convenio con sindicatos en el que se comprometió a restituir -mediante un plan de pagos a ocho años- dos mil 10 mdp al fondo pensionario del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET). Esto significó un reconocimiento explícito de que los gobiernos anteriores desfalcaron a sus trabajadores.
No sólo se desviaron recursos en el pasado, sino que se generó un grave daño patrimonial, ya que 36 por ciento del adeudo corresponde a las actualizaciones por inflación e intereses. Ha trascendido que, al 31 de diciembre de 2021, los saldos financieros del IPSSET arrojaban un saldo por cobrar de seis mil 605 mdp, heredando una seria problemática al nuevo gobierno y provocando incertidumbre a los 50 mil servidores públicos.
En Nuevo León, causó indignación que se aprobara un crédito del ISSSTELEON al exgobernador Jaime Rodríguez, en condiciones sospechosas, a dos días de entregar la administración, para la compra de un departamento en Monterrey. Y también se han presentado varios escándalos pensionarios, como la denuncia que, en 2021, presentó el Sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León por el desvío de cuotas de 800 maestros y personal administrativo, constituyendo un despojo por al menos 70 millones de pesos.
El ISSSTEZAC de Zacatecas es un caso crítico. Desde que entró en funciones el actual gobierno, se reportó un desfalco de anteriores administraciones que asciende a 44 mil millones de pesos. De no realizar una reforma legal que brinde oxígeno financiero, y lograr la venta de terrenos, este Instituto se enfrenta al probable escenario de declarar su quiebra y desaparecer.
El gobernador Miguel Ángel Navarro recibió el sistema de pensiones de Nayarit en condiciones deplorables, con un daño de dos mil mdp que los gobiernos anteriores provocaron, al sustraer los recursos de los trabajadores que no se aportaron al fondo para las jubilaciones.
Estos saqueos obligan a las actuales autoridades a un doble imperativo: emprender auditorías a fondo y deslindar responsabilidades y, al mismo tiempo, emprender medidas acertadas que garanticen la viabilidad financiera de sus instituciones.
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE
COLABORADOR
@duarte_tellez
MAAZ