Se ha convertido en lugar común escuchar o decir que el gobierno en sentido amplio se sostiene con el pago de impuestos. Se ha dejado de lado incursionar en la relación entre el pago de impuestos, la recaudación fiscal y el destino de esas contribuciones. Existe en este rubro una predisposición en países como México a buscar cómo no pagar impuestos o pagar lo menos posible.
Y una de las razones de que ello exista reside en la ausencia de transparencia y rendición de cuentas en materia fiscal.
¿En qué se gastan los impuestos pagados?
¿Por qué no se envía un informe periódico donde se informe al contribuyente lo más desglosado posible cómo sus impuestos tienen un retorno social traducido en mejor calidad de vida?
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¿Por qué no se pregunta al contribuyente su parecer sobre cómo se deben distribuir los impuestos y a qué fines específicos se destinan?
En México nadie se hace las preguntas anteriores por desconocimiento de que se pueden hacer. La verificación del uso del dinero de todos se sustituye por la fe como si de una cuestión celestial se tratara y no de un aspecto que requiere de un amplísimo escrutinio público.
Por consiguiente, tampoco hay disposiciones legales que obliguen a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a que envíen informes regulares a cada contribuyente donde se le informe, a vías de ejemplos, si el alumbrado público de su calle o colonia se ha mejorado, si las vialidades en su vecindario están en buen estado y si ha habido robos de alcantarillas se han arreglado, en dónde y cuántas, si las escuelas públicas cuentan con todo lo necesario para que el derecho a la educación sea una realidad concreta, desglosando mejoras materiales, equipos, entre otros de forma que se pueda verificar, si hay un despliegue policial de cercanía que reduzca la delincuencia, si la señalización es correcta y actualizada, si los parques públicos tienen seguridad e instalaciones en constante mantenimiento. Y así podría hacerse una larga lista de preguntas que deberían tener respuesta.
Aquí sucede a la inversa la conseja según la cual una persona que no sabía que no se podía, fue y lo hizo.
Mientras en Estados Unidos una autopista financiada con recursos privados tiene un tiempo específico previamente pactado que le habilita al concesionario cobrar peaje por su uso que incluye recuperación de la inversión y ganancias, después de ello queda como patrimonio social sin que las personas deban pagar más, en México, las autopistas son de peaje vitalicio, como la de Toluca o la México-Guadalajara, entre otras tantas donde por generaciones se ha crecido y creído que así debe ser y nadie, faltaba más, se pregunta cuándo esas carreteras serán de uso social y llegue el momento en que no se deba pagar un solo peso por transitar en ellas.
El quid del asunto es claro: Lo que la sociedad no haga por sí misma nadie lo va a hacer por ella.
POR ERNESTO VILLANUEVA
COLABORADOR
@EVILLANUEVAMX
dza