México está en estado disruptivo. Lo mismo en el proceso legislativo, que en nuestra relación comercial más importante o en la forma en la que cualquier situación o pretexto erosiona nuestro Estado de Derecho. Lo que debería de ser un momento de alarma es uno en el que lo grave se acepta como obvio y natural. Así la política en momentos de transformación.
En el Congreso es cada vez más común que se violen los tiempos establecidos para procesar dictámenes e iniciativas. Las quejas en silencio de legisladores de Morena y en grito desesperado de los de oposición, es que el término “urgente” que en derecho legislativo implica 24 horas, en la práctica son 15 minutos. Además, la voz del Presidente se escucha cada vez más clara más allá de los curules y escaños de su partido. No es novedad, ha pasado siempre, la diferencia es que ahora se pregona que “nosotros no somos así” y que el sabio Pueblo de México se lo compra.
Katherin Tai, la Representante de Comercio de los Estados Unidos, señaló ayer que Estados Unidos tiene algunas preocupaciones sobre la forma en la que México esta abordando algunas de sus obligaciones en el marco del #TMEC. No solo eso, diferentes grupos de agricultores del principal socio comercial de México han señalado que la relación comercial se está deteriorando de manera rápida. Mientras festejamos que el comercio entre ambos países es cada vez mayor, preocupamos a nuestro principal cliente. Eso nunca es buena noticia.
Es fácil debilitar a las instituciones en un país en el que no tenemos claridad de concepto Estado de Derecho y/o la importancia de este. Pasa cuando el presidente López Obrador apunta contra el INE y el Tribunal Electoral, pero también cuando, Germán Martínez Cázares denuncia a través de una columna en el periódico El País que el Ministro Zaldivar participó del debate de la extensión de su dominio en la SCJN.
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Ayer la organización World Justice Project presentó por tercera ocasión el Índice de Estado de Derecho 2020-2021, lo definen como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. Es el vínculo invisible entre autoridadesy ciudadanía.
Clasifican a los 32 estados del país a través de 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En una escala que va del 0 al 1, los estados con mejores puntajes son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36). La meta es el uno, en México el Estado de Derecho está muerto en vida.
Si bien en general los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y los espacios cívicos, la sociedad civil y la prensa son los más efectivos ante los poderes ejecutivos estatales, por encima del legislativo y judicial, e incluso los organismos de fiscalización y las comisiones de derechos humanos.
Mientras sigamos siendo permisivos con el poder y vinculándonos a través de una #Mañanera y no del Estado de Derecho; estamos recorriendo el camino para que el muerto siga de parranda.
ÓSCAR SANDOVAL
CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT
OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM
@OSANDOVALSAENZ
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