De todas las preocupaciones que podemos tener por la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica, la que más nos debe alterar es la que flexibiliza a la Comisión Federal de Electricidad para emitir Certificados de Energía Limpia (CEL), que estaban reservados para generadores efectivamente invertidos en estas tecnologías, como la eólica o fotovoltaica.
Los CEL son indispensables para que México cumpla con sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Bajo ese acuerdo estamos obligados a generar 35 por ciento de energía limpia dentro de tres años. No obstante, nuestro país está incumpliendo sus metas de reportar cifras satisfactorias. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, en México 22.9 por ciento de la electricidad provino de una generación medioambientalmente amigable (Expansión, 1 de octubre 2020).
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Para que México cumpla con sus requisitos, es indispensable que haya incentivos a la inversión en energías renovables y que el mercado de CEL crezca en función de esas inversiones.
Las reglas propuestas en la iniciativa del Ejecutivo podrían desincentivar esas inversiones, dado que se prioriza a la CFE y distorsionar el origen real de los certificados emitidos, toda vez que la empresa que dirige Manuel Bartlett quedaría habilitada sobre la emisión de sus CEL.
Esto implica que podríamos ingresar a un escenario muy adverso: México podría mentirle al mundo si, luego del atraso señalado, aparecemos en un par de años con una multiplicidad de nuevos CEL emitidos por la CFE. En otras palabras: es altamente probable que este país quiera engañar al mundo con certificados “cachirules”, tratando de hacer ver que, en 2024 —clave para la evaluación global sobre el cambio climático—, ya cumplimos repentinamente con nuestros compromisos. Pero el cumplimiento sería, al menos, dudoso.
TATIANA Y ESPAÑA
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POR CARLOS MOTA
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