La iniciativa del diputado panista Gerardo Peña Flores —vicecoordinador de los diputados del PAN—, para que se obligue a los trabajadores de las empresas grandes a contar con esquema de vacunación completo puede detonar uno de los debates más ácidos sobre las libertades en el país.
En Estados Unidos este debate ya inició, porque la administración de Joe Biden estableció una fecha límite, el 4 de enero próximo, para que toda empresa que tenga 100 trabajadores o más, exija el esquema de vacunación completo a todos sus empleados, o pruebas de COVID-19 semanales, so pena de recibir una multa si no se tiene una o la otra.
De acuerdo con las cifras que aplican a esta nueva norma, en ese país existen entre 85 y 100 millones de trabajadores que laboran en empresas de ese tamaño, de los cuales más de 30 millones no se han vacunado.
El rechazo a la vacuna permanece elevado en una proporción importante de la gente en ese y otros países.
La salvedad de la nueva regla es que, de no querer inocularse, el trabajador puede optar por realizarse una prueba semanal, absorbiendo personalmente el costo.
¿Cómo podrá impactar esto en México? Se quiera o no, la propuesta de Gerardo Peña tendrá que ser discutida, incluso aunque no llegue a ser aprobada, por la sencilla razón de que la alternativa es ominosa para el sistema empresarial mexicano: si esto no se debate, estaríamos aceptando de facto que en 2022 permanecerán en casa, como hasta la fecha ocurre, miles de trabajadores de oficina de bancos, aseguradoras, empresas de alimentos, automotrices, turísticas, servicios profesionales, etc. ¿Es esto óptimo? No lo es; por eso debe abordarse el tema y resolverse.
Es increíble cómo organizaciones completas mantienen a la gente en casa conectándose por internet, a pesar de estar vacunados. Recientemente alguien me relató el caso de la Universidad Panamericana, que encabeza Santiago García Álvarez: la institución hizo un tímido regreso híbrido en este semestre, sólo para darse cuenta en la segunda semana de clases que los incentivos están puestos para que nadie acuda al campus.
¿Resultado? Los pocos que asistieron al aula optaron por regresar al formato virtual, y la universidad está de nueva cuenta vacía, a pesar de que todos los miembros de la institución deberían estar vacunados.
La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, no ha abordado el tema; pero cada día será más evidente su obligación de hacerlo.
Lo mismo debería ocurrir con el secretario Rogelio Ramírez de la O y la secretaria Tatiana Clouthier, porque todo el aparato productivo mexicano mantiene un estatus incompleto bajo el comportamiento corporativo actual, sin razón para ello dado que la vacunación ya avanzó.
También es indispensable el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar. Urge.
POR CARLOS MOTA
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