La desaparición de los organismos autónomos que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador promete generar uno de los debates más ácidos de la vida pública del sexenio —lo cual ya es mucho decir—.
Eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que encabeza Adolfo Cuevas; o a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Jana Palacios, pondrá al centro del debate su pertinencia y efectividad.
La existencia de estos órganos ha sido justificada por varias vías. Una es que existen compromisos en el marco del T-MEC, que obligan a los países firmantes a mantenerlos. Pero más allá de eso, en primer lugar se estima que el hecho de que un órgano vigile el correcto funcionamiento de un mercado y evite comportamientos monopólicos de los jugadores de una industria debe ser una acción independiente del gobierno en turno.
Sujetar la política de competencia económica y de telecomunicaciones al gobernante actual no sólo concentra aún más el poder en unas cuantas manos en sectores clave. También constituye un riesgo de ineficiencia de mercados si los funcionarios de la SCT que terminan coordinando esas funciones tienen pobres conocimientos sobre la materia o son removidos de su cargo frecuentemente.
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Si el Presidente se disgusta de los resultados arrojados por el IFT y la Cofece, podría lanzar iniciativas para exigir mejoras en su desempeño, ya sea con ajustes legales que aceleren la velocidad de sus decisiones o, si quiere verse más atrevido, incluso con sanciones a los consejeros, si al cabo de ciertos plazos se acumulan resultados inadmisibles o si se comprueba que el órgano regulador ha sido capturado por las empresas reguladas.
En el caso del IFT y la Cofece, a diferencia de los fideicomisos, el Presidente yerra en la solución porque parte de una premisa confusa de que no sirven al pueblo.
No obstante, la garantía de mercados eficientes, precios competitivos y las sanciones a las empresas que perturben el libre mercado son de gran ayuda para el bolsillo de los ciudadanos.
El Presidente ve la desaparición del IFT y la Cofece como una acción de conveniencia presupuestal y de moralidad. Y será muy difícil convencerle de que ese no debería ser el enfoque del debate, sobre todo porque al parecer no existen integrantes de su equipo que le presenten alternativas basadas en ángulos distintos al que él suele ver.
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POR CARLOS MOTA
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