Tiempos donde el juicio de la tribuna y la opinión pública, y sobre todo de la opinión publicada, parece tener mayor peso que el de un juez, el de un tribunal. Tiempos donde el deseo, puede más que las pruebas. Donde los señalamientos no imputan, pero sí manchan.
Ayer le tocó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX. Hace unos días era el caso del General Salvador Cienfuegos. Antes, la salpicadera patrocinada por Emilio Lozoya, embarrando a medio mundo sin mayor elemento de prueba que sus dichos.
Qué debe pesar más: ¿las pruebas, los elementos, los criterios jurídicos? ¿o los deseos y los juicios sumarios desde las redes sociales y los propios medios de comunicación?
En un país de leyes, lo segundo. En el México actual, parece que lo primero puede más.
Te podría interesar
***
El encabezado es escandaloso, amarillista: “Salpican a Harfuch en pagos del narco”, “revela testigo sobornos”, publicó ayer Reforma.
"Juan", un testigo en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la FGR que el actual titular de seguridad en CDMX, Omar García Harfuch, recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
Las declaraciones del testigo protegido hablan, además, de sobornos de ese grupo criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.
"Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga", dice.
García Harfuch era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero, durante el 2014.
Según el testigo, la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque asegura que había un General que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que imputa son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero, respectivamente, en el Gobierno del perredista Ángel Aguirre. Estos funcionarios recibían, según "Juan", 50 mil dólares mensuales.
La salpicadera, para aproximarnos a la justicia, debería necesariamente acompañarse de evidencia. Como en el caso Cienfuegos con la DEA, o las acusaciones de Lozoya a sus adversarios políticos, las palabras no bastan para dictar sentencias.
***
“Niego categóricamente cualquier afirmación de esta persona”, “es un absurdo y sin fundamento”, “el único contacto que he tenido con criminales, es detenerlos”, “confío en las instituciones”, “estoy limpio”, me dijo ayer en la radio, en MVS Noticias, García Harfuch. Mientras no haya elementos contundentes de prueba, los dichos contra él son solo dichos.
Pero hoy, un “testigo protegido” ya puede salpicar a quien sea y como sea. Su voz encuentra eco y hasta credibilidad.
¿Qué no diría un delincuente confeso, convertido en “testigo protegido”, con tal de librarla? Casi todo, o todo.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM
@MLOPEZSANMARTIN