En el informe presentado el 1° de diciembre con motivo de sus dos primeros años al frente de la administración federal, el presidente de la República señaló que durante los primeros 11 meses de 2020 el secuestro se redujo en 29% respecto del mismo periodo de 2018, sin precisar si se trata de víctimas o Carpetas de Investigación iniciadas por este delito.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) por su parte informó que entre los periodos enero-octubre de 2018 y enero-octubre del 2020 el número de víctimas de secuestro disminuyeron 30%, al pasar de 1,273 en 2018 a 890 en 2020.
A partir de datos de años completos entre 2018 y 2019 las víctimas de este delito aumentaron 3.4% a nivel nacional, al pasar de 1,559 a 1,613.
Medido en Carpetas de Investigación el SNSP reportó que entre enero-octubre de 2018 y enero-octubre del 2020 los casos de secuestro disminuyeron 35%, al pasar de 1,085 en 2018 a 706 en 2020.
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En años completos, entre 2018 y 2019, las Carpetas de Investigación por secuestro disminuyeron 0.3%, al pasar de 1,329 a 1,325 respectivamente.
Hasta aquí los datos oficiales basados en denuncias presentadas ante el Ministerio Público y que representan el 6% del total, mismos que el gobierno utiliza para elaborar políticas públicas, estrategias y líneas de acción para prevenir y combatir el secuestro.
Sin embargo y como frecuentemente lo señala el propio López Obrador, existen “otros datos” y en ellos el gobierno federal no sale bien librado, por lo menos en el primer año completo de su administración (2019) respecto del último de Enrique Peña Nieto (2018).
La información a la que me refiero es la que reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI en su edición 2020, que reúne datos de victimización y ocurrencia de delitos durante 2019 y de percepción de inseguridad de 2020.
Según la ENVIPE, entre 2018 y 2019, las víctimas de secuestro se incrementaron en 32.6%, al pasar de 79 mil 315 a 105 mil 189.
La misma encuesta indica que los casos de secuestro se incrementaron 30.4% al pasar de 81,966 en 2018 a 106, 886 en 2020.
Asimismo reporta que la cifra negra del secuestro aumentó 2.7% entre 2018 y 2019, al pasar de 91.2% a 93.9% respectivamente, porcentaje superior a la cifra negra promedio de todos los delitos que fue de 92.4% en 2019.
Por si los “otros datos” no fueran suficientes para arruinar el festejo por la reducción del 29% en la incidencia de secuestro que reportó el gobierno federal en 2020, un dato más preocupante que documenta la ENVIPE es que los casos con duración mayor a 4 días pasaron del 6% en 2018 a 10.9% del total de secuestros registrados en 2019.
Lo anterior indica que los grupos delictivos dedicados al secuestro disponen de infraestructura para soportar cautiverios más prolongados y es posible que cuenten con información de mayor calidad respecto de la liquidez de las víctimas. Mientras esto sucede, las autoridades federales y estatales desmantelan las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) formadas a partir de 2008, al destinar su personal capacitado y evaluado en la atención de otros delitos de alto impacto. Todavía es tiempo de que recapaciten y eviten que este esfuerzo interinstitucional se les diluya en las manos.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL