La legislación mexicana anticorrupción y las exigencias comerciales en materia de integridad están esbozando en nuestro país el nacimiento de una nueva visión empresarial, en la que la cultura ética y de integridad no sólo son un medio de prevención de riesgos, sino que, además, se suma como un valor intrínseco a la empresa.
Contar con un programa de ética e integridad adecuado y efectivo, requiere de un esfuerzo financiero y es entendible la preocupación de las empresas por los costos que les puede representar su desarrollo e implementación.
Por ello, entendemos que las primeras reacciones en una entrevista formal sean: ¿cuánto cuesta? y ¿es obligatorio?
En este contexto, podemos afirmar que estas preguntas están ligadas a la ausencia del conocimiento de los beneficios y, por eso, parece que les significa una carga económica y operacional innecesaria, y no un valor más para la empresa.
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Si partimos de la premisa de Phillip Kotler: “Las empresas prestan demasiada atención al costo de hacer algo. Deberían preocuparse más por el costo de no hacerlo”, valdría la pena que se inclinasen más por preocuparse por los costos que puede representar el no tener un programa de integridad en la empresa y es que, si bien la legislación nacional no obliga expresamente a su implementación, sí las sancionará con mayor severidad por no tenerlo al momento en el que se cometa un acto ilegal.
Contar con un programa de ética e integridad adecuado y efectivo, además, les trae importantes ventajas (más allá de que pueda convertirse en una excluyente o atenuante de la responsabilidad legal), como: la implantación de una cultura ética en la organización, la identificación y control de riesgos de corrupción, la prevención de riesgos reputacionales, ahorro por eventuales sanciones, disminución de contingencias legales; aumento de la cartera de clientes al generar mayor confianza, y el mejor acceso al crédito, entre otros.
En esta perspectiva, el programa de integridad es una herramienta efectiva para evitar riesgos y se convierte en una inversión estratégica, no sólo por motivos de marketing, sino por ser considerado como un valor adicional de la empresa el actuar con honestidad y legalidad, lo que la hará más confiable y tendrá una mejor reputación.
Desde este punto de vista, es posible afirmar que el Programa de Ética, Integridad y Cumplimiento se constituye como parte de los activos de la empresa ya que la protege, disminuye y mitiga riesgos de corrupción, y abona en crear una mejor reputación corporativa.
La reputación no sólo es el resultado de la calidad de sus productos o servicios y sus resultados financieros, sino que también es resultado de su conducta en los negocios, su cumplimiento, principios éticos e integridad.
Por ello, la reputación de la empresa es, en sí misma, otro bien o valor para de la organización, que se suma al implementar el programa.
Basta hacer una pequeña reflexión para entender que nadie está dispuesto a tener relaciones comerciales con empresas con altos riesgos no administrados o, peor aún, que ni siquiera los tienen detectados; por ello, es claro que contar un adecuado control y administración de los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta una organización, por actos desplegados por quienes actúan en su nombre o beneficio, son, o serán en cualquier momento, un valor estimable para los socios comerciales.
Entre los beneficios que trae implementar la cultura ética y de integridad, está una mejor reputación y, en conjunto, se convierte en un activo de la empresa, lo que será un factor elemental a la hora de hacer negocios y concretar relaciones comerciales.
Los beneficios son difícilmente estimables en dinero, pero, en cualquier caso, siempre serán mucho mayores que el costo.
POR PABLO ESCUDERO
ESPECIALISTA EN COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y CREADOR DEL PEIC
@PABLOESCUDEROM