La desaparición de 109 fideicomisos es, sencillamente, quitar del camino obstáculos generados institucionalmente para dificultar la transparencia y la rendición de cuentas en México.
En días recientes se ha generado un caluroso debate en torno a la modificación legal de los fideicomisos que venían
operando en México, y que fueron constituidos por los gobiernos anteriores como una opción legal parta desaparecer y desviar el dinero público.
La razón gira en torno a la opacidad y la corrupción que, en algunos casos, se ha generado en el manejo de los recursos que le pertenecen a las y los mexicanos, además de que existe evidencia de discrecionalidad y de opacidad en múltiples ejemplos, todos, sin consecuencia alguna.
Se han constituido 374 fideicomisos públicos a nivel federal, con dinero público, lo cual representa erogaciones superiores a 835 mil millones de pesos. Lo peor, es que la mayor parte de ellos no tienen estructura administrativa interna que permita su seguimiento y fiscalización; lo cierto es que el destino y la operación de los recursos se convirtió en una verdadera simulación.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2019 existían 357 fideicomisos públicos federales o mixtos, de éstos, 18 son entidades paraestatales. La Auditoría Superior de la Federación detectó el año pasado que en estos fideicomisos había falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de subejercicios superiores a 70%, que no se reintegraban a la hacienda pública y cuya normatividad en algunos casos era jurídicamente insustentable.
La naturaleza de los fideicomisos “mixtos” resulta en una ambivalencia; por una parte, los recursos tienen origen en lo público, pero las reglas con que operan son esencialmente de naturaleza privada y al encontrarse reglas de una y otra naturaleza, se advierten ambigüedades, antinomias e, incluso, discrecionalidad, por lo que la trasparencia y la rendición de cuentas de sus actos encuentra un terreno árido para su materialización.
La reforma aprobada nos va a permitir avanzar para terminar con la opacidad, terminar con la discrecionalidad, avanzar en un verdadero mecanismo de rendición de cuentas que nos beneficia a todas y todos, el esfuerzo legislativo fue encaminado a eliminar esos casos de corrupción institucionalizada.
Debemos precisar que en Morena estamos a favor de la cultura, de la ciencia, del deporte, de los avances tecnológicos, del fortalecimiento de los Derechos Humanos, de la eliminación de las barreras y brechas de desigualdad que aún persisten y que nos impiden acceder a una vida digna.
Pero estamos absolutamente en contra de seguir avalando y permitiendo los privilegios que sólo beneficiaron a unos cuantos, al amparo de los recursos públicos, y que sólo dieron como contraprestación el fortalecimiento a la corrupción y el desvío de miles de millones de pesos sin responsabilidad alguna. El Presidente de México ha sido absolutamente claro. Esta acción legislativa es para terminar con los privilegios y para seguir avanzando en eliminar la corrupción, de tal suerte que por supuesto, a favor de las acciones instrumentadas en esta materia.
POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
COLUMNISTA INVITADO
