Beatriz Valdez Vázquez, directora General de Aplicación de Normatividad de la subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), explicó que estos radares móviles forman parte de un programa para reforzar las fotomultas y el objetivo principal no es recaudar fondos si no reeducar a los conductores que transitan en la capital mexicana.
En entrevista para el programa de “Las Noticias con Alejandro Cacho”, de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Beatriz Valdez indicó que el retiro de placas a vehículos foráneos que cometen una infracción es para dejar una garantía de que cumpla con el pago de la sanción y está estipulado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
La directora General de Aplicación de Normatividad aseveró que quienes más infringen el reglamento de tránsito son los vehículos de otros estados por ello es que desde hace tiempo se estableció un vínculo que obligue al infractor que no es de la Ciudad de México a que respete el reglamento y pague las infracciones.
¿Cómo evitar la corrupción y extorsión?
Valdez Vázquez aclaró que las sanciones cívicas solo son para los automovilistas con placas de la Ciudad de México, mientras que las económicas es para las unidades de otros estados del país.
Señaló que para evitar que haya corrupción por parte de los elementos de Tránsito altos mando supervisan los operativos y puso como ejemplo "Salvando Vidas", donde personal de los derechos humanos y personal de Asuntos Internos acompañan en los lugares donde se colocan estos puestos de operación.
Finalmente, la directora General de Aplicación de Normatividad de la Subsecretaría de Control de Tránsito capitalina informó que si algún automovilista no está de acuerdo con la sanción porque asegura que no rebasó el límite de velocidad, éste podrá impugnarla de forma fácil con un primer reclamo en la Subsecretaría para que se haga una revisión, pero también puede acudir al Tribunal Administrativo para meter un juicio de nulidad, donde se revisará ante un juez la infracción para que sea esta autoridad quien decida si es válida o no válida su aplicación.
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