La tarde del pasado miércoles 1 de diciembre, en la colonia Ricardo Flores Magón de Cuernavaca, Morelos, se registró un incidente que ha generado reacciones encontradas entre la población y las autoridades. Un hombre fue detenido por un grupo de vecinos, acusado de robo. En un acto de justicia por propia mano, lo amarraron a una reja y colocaron un cartel que decía:
“Esto me pasó por rata”.
El presunto ladrón, cuya identidad no ha sido revelada, habría intentado sustraer pertenencias de una vivienda de la colonia, según testigos. Alertados por los gritos de auxilio de una de las víctimas, los vecinos se organizaron rápidamente para detener al hombre mientras intentaba huir.
Una vez capturado, fue atado con cuerdas a una reja cercana, donde permaneció hasta la llegada de las autoridades. La situación reflejó el creciente hartazgo de los habitantes de la colonia Ricardo Flores Magón ante la ola de inseguridad que, según afirman, ha ido en aumento en los últimos meses.

Créditos: X/@ExtraMorelos
Para los habitantes de la colonia Ricardo Flores Magón, este episodio es sólo un reflejo de una problemática más amplia: la necesidad de reforzar las estrategias de prevención del delito y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
¿Qué pasa si hago justicia con mi propia mano?
La justicia por propia mano es un acto que, aunque motivado por el hartazgo ciudadano ante la inseguridad, puede tener graves consecuencias legales. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Mexicana, nadie puede hacerse justicia por su propia autoridad, ya que este rol corresponde exclusivamente a los tribunales.

Créditos: Archivo El Heraldo de México
Sin embargo, existen excepciones debidamente legalizadas, como la legítima defensa, prevista en el artículo 15 del Código Penal. La legítima defensa se configura cuando hay una agresión inminente que pone en peligro la vida o integridad de una persona, permitiendo que esta se defienda sin incurrir en delito.
No obstante, cuando una multitud agrede a un presunto delincuente, como en algunos casos recientes, se vulnera el debido proceso y los derechos humanos del acusado. La solución no está en la autotutela descontrolada, sino en fortalecer la confianza en las autoridades y exigir un sistema judicial eficiente.
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