El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, informó que la orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Corral Jurado es por el presunto delito de peculado, en perjuicio del erario público por 98 millones de pesos.
El desvío de recursos se habría cometido mediante la simulación de un contrato con una empresa que brindaría asesoría para la reestructuración de la deuda pública, sin embargo, no existen comprobables.
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Derivado de la investigación, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exmandatario estatal, mismo que se hizo del conocimiento de la Fiscalía de la Ciudad de México en aras del convenio de colaboración entre entidades federativas.
Luego de obtener la autorización por escrito para la detención, en el periodo del 14 al 20 de agosto, ayer por la noche se intentó detener al exgobernador en un restaurante de la colonia Roma.
No obstante, el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara se presentó en el lugar para impedir la detención argumentando que no había aceptado colaborar, llevándose a Corral Jurado en su vehículo particular.
“A la brava” rescataron a Javier Corral: Abelardo Valenzuela
El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México rescató a la brava y de forma inusual, hasta increíble, al exgobernador Javier Corral, quien estaba a punto de ser arrestado por una orden de aprehensión en la capital del país. Valenzuela denunció un intento de obstrucción en la ejecución de una orden de aprehensión contra el exgobernador.
El Fiscal explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua había obtenido recientemente una orden de aprehensión contra Corral, quien es investigado por su presunta participación en un delito de peculado agravado relacionado con una desviación de 98 millones de pesos.
Según la denuncia, Corral habría participado en un contrato con un particular para reestructurar la deuda del estado sin cumplir con los entregables previstos, simulando una reestructuración que, en realidad, no se materializó.
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La orden de aprehensión fue concedida por un juez de control, y no por la Fiscalía Anticorrupción, aclaró Valenzuela, subrayando que los únicos autorizados para revisar si proceden o no las órdenes de aprehensión son los jueces federales a través de la vía del amparo. La Fiscalía, en cumplimiento de los protocolos establecidos, había coordinado previamente con las autoridades de la Ciudad de México para llevar a cabo la detención.
El problema comenzó, reveló el Fiscal Anticorrupción cuando, tras entregar el convenio de colaboración a las autoridades capitalinas y recibir su autorización, el equipo de la Fiscalía de Chihuahua se encontró con una inesperada resistencia. Valenzuela detalló que, al intentar ejecutar la orden de aprehensión, fueron confrontados por el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien se presentó en el lugar e indicó que la colaboración ya no estaba en efecto, a pesar de no haber entregado una notificación escrita formal.
"Nos dijeron que la colaboración ya no tenía efecto y que teníamos que desistir de la orden. Esto, en esencia, constituye una obstrucción a la justicia", afirmó Valenzuela, describiendo la intervención como un acto inusitado que dificultó la ejecución de la ley.
La presencia de agentes de la SEDENA y del Estado Mayor Presidencial, así como vehículos blindados, intensificó la situación y complicó aún más la operación. La denuncia de Valenzuela pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre las distintas fiscalías del país y resalta la necesidad de mecanismos más robustos para asegurar la colaboración interinstitucional en la persecución de delitos de corrupción. La actuación del fiscal de la CDMX ha sido calificada por Valenzuela como un "rescate a la brava", sugiriendo que el exgobernador pudo haber recibido un tratamiento preferencial que va en detrimento de la justicia.