Tras una resolución emitida el día de hoy por el Poder Judicial, se les ordenó a la Secretaría de Educación pública (SEP) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) demostrar en las próximas 24 horas que han acreditado los trámites para que México participe en la prueba PISA de 2025, ya que de no hacerlo, serán acreedoras de una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización.
“En una resolución emitida el día de hoy, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la SEP y MEJOREDU que acrediten en 24 horas haber realizado los trámites y gestiones ante la OCDE para garantizar la realización de la Prueba Pisa y en caso de incumplir se impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización”, indicó Educación con Rumbo, derivado de un amparo presentado por la asociación.
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No aplicar la prueba afectaría a docentes y estudiantes
A través de un comunicado se detalló que el abogado constitucional Miguel Ángel Ortiz Gómez, indicó hasta el momento el Poder Judicial ya comenzó con el proceso para que las dependencias cumplan las determinaciones de manera urgente para salvaguardar el derecho a la educación, pues de no hacer la prueba 24 millones de estudiantes y un millón de docentes quedarían afectados.
“Resulta urgente y necesario para salvaguardar el derecho humano a la educación, considerando que el impacto de no llevar a cabo la prueba afecta de manera directa a 24 millones de estudiantes y 1 millón de docentes, al privarlos de contar con un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación en México a fin de implementar políticas públicas que permitan garantizar la mejora continua en la educación como lo establece la Constitución y el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño”, explicó.
Finalmente, Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, apuntó que en otros países ya iniciaron los trabajos de arranque y pilotaje de la prueba.
“En México la Sociedad Civil y el Poder Judicial están exigiendo a las autoridades llevar a cabo los trámites para asegurar que la Prueba Pisa se realice en el ejercicio 2025 a fin de que la siguiente administración cuente con los parámetros técnicos para elaborar el Programa Sectorial de Educación 2024-2030 con la participación de la Sociedad Civil”, concluyó.
DRV