La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó al impartidor de justicia, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, quien fue denunciado por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México luego de liberar a Fabián Osvaldo Solís Vieyra, "El Cachorro", supuesto líder de la banda delictiva La Ronda 88.
El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, aseguró que el juzgador puso en riesgo a la ciudadanía al permitir la liberación de un peligroso generador de violencia.
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Batres dio a conocer la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
"Sobre la denuncia presentada ante la @FGRMexico en contra del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, quiero destacar que se trata de un juez federal que puso en riesgo a la ciudadanía al permitir la liberación de un peligroso generador de violencia buscado por la
@FiscaliaCDMX y facilitar su escape por la puerta de atrás del juzgado", indicó en X.
A través de un comunicado, la Jufed rechazó la versión del Gobierno capitalino y defendió la labor del juez del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
La organización detalló que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Fiscalía especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó la audiencia inicial con control de detención de tres imputados, el pasado 5 de marzo.
Un día después, el juez, luego del debate entre las partes, decidió no calificar de legal la detención de las tres personas y decretó su libertad inmediata.
Esto porque el impartidor de justicia detectó vicios durante la ejecución de la orden de cateo en el inmueble en el que se realizó la detención.
“Inverosimilitud entre la hora de llegada por parte de la autoridad ministerial al inmueble a catear y la hora en que fueron hallados dentro del domicilio dos de los imputados, con base en las formalidades y momentos que se deben seguir en la práctica de un cateo, pues a dicho de la fiscalía, únicamente transcurrió un minuto desde su llegada y el momento en que fueron intervenidos dos de los imputados, siendo que entre ambos momentos se tocó a la puerta, se pegó la orden de cateo al exterior del inmueble, se designaron testigos de asistencia, se rompió la chapa de acceso y se ingresó al mismo”, detalló la Jufed.
También destacó la violación al derecho a la no autoincriminación, además que se permitió a varias personas abandonar el inmueble cateado sin ser entrevistadas o pedirles datos, entre otras irregularidades.
Explicó que el juez no decretó la licitud de alguna prueba, sino que ordenó a la FGR realizar más actos de investigación.
“Por lo que el Fiscal Federal debía indagar que los imputados puestos a su disposición, se trataran de las personas que de manera probable participaron en los hechos que la Fiscalía les pretendía atribuir; lo cual podría hacer mediante una nueva solicitud de audiencia inicial sin detenido”, indicó.
Además, la Fiscalía no señaló que los imputados tenían otro mandamiento de captura ni que en la sala de audiencias se encontraba personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“En ningún momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que no tiene calidad de parte en el proceso penal federal que nos ocupa, comunicó al Juez Federal, de manera formal, que existía un mandamiento de captura contra alguno de los investigados, menos aún indicaron que dichos investigados fueran generadores de violencia en la Ciudad de México”, destacó la Jufed.
