El Pleno del Senado avaló con 79 votos a favor y 31 en contra la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se crea el Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá la encomienda de poner lupa a las acciones de los juzgadores a través de agentes investigadores.
En un acalorado debate en el que la oposición afirmó que con reformas como estas, la 4T busca controlar al Poder Judicial, se avaló la creación de leyes, entre las que destaca contemplar que el Consejo de la Judicatura Federal se transformará en el Órgano de Administración Judicial dotado de independencia y autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en un Tribunal de Disciplina Judicial especializado en velar por la independencia, la imparcialidad, la honestidad y la integridad de la justicia.
Facultan al Órgano de Administración Judicial
Asimismo, facultar al Órgano de Administración Judicial para investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal que desempeñe funciones de carácter administrativo en los diversos órganos del PJF.
Y plasmar la estructura, integración y ámbito competencial del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se instituya como un órgano jurisdiccional de excelencia responsable de velar por la independencia, la integridad y la honestidad de la justicia federal.
La reforma también determina que el Tribunal de Disciplina Judicial contará con dos órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones.
“La estructura, atribuciones del Órgano citado que se instituirá como un cuerpo profesional de gobernanza judicial que funcionará en Pleno y en Comisiones, y se le dotará de todas las atribuciones necesarias para gestionar eficazmente los materiales, humanos, financieros y tecnológicos del PJF”, precisa la reforma.
En cuanto a sus funciones, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial será competente para resolver en segunda instancia respecto de los procedimientos faltas graves presuntamente cometidas por servidores públicos del PJF que desempeñen funciones administrativas; y salvaguardar los derechos fincados en la dignidad humana de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
Esta reforma pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
