En plena madrugada, los legisladores capitalinos aprobaron el dictamen de la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa, luego de que el Senado de la República turnara la medida a los congresos locales.
Con una votación de 43 diputados a favor y 17 en contra, los presentes avalaron la prisión preventiva para la ilegal introducción y desvío, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados; los delitos contra la salud y contra el libre desarrollo de la personalidad.
En sesión del Congreso en su carácter de Constituyente Permanente, la diputada morenista Yuriri Ayala criticó que ahora que se ha decidido impulsar esta estrategia la oposición argumenta estar en contra por presuntas irregularidades; no obstante, recordó que la prisión preventiva oficiosa fue creada por el expresidente Felipe Calderón.
A su vez, Ricardo Rubio, del PAN, argumentó que esta medida es regresiva, pues se ha utilizado para encarcelar opositores, por lo que recibió abucheos de parte de la bancada mayoritaria.
Aprueban reforma en fast track
En el razonamiento del voto, los diputados contaron únicamente con tres minutos para dar su postura, ya que posterior a este tiempo el micrófono se apagaba para evitar alargar la sesión que inició a las 12:36 de la madrugada.
Al dar su mensaje, Adriana Espinoza, recalcó que esta herramienta permitirá que las investigaciones se lleven a cabo sin violar los derechos humanos, así como guardar el debido proceso en cuanto a los delitos contra la salud, lo que da mayor facultad a las autoridades para perseguir dichas faltas.
Asimismo, Olivia Garza, del PAN, aseveró que esta es una política arcaica y violenta, ya que con esta herramienta se enviará a las personas a la cárcel sin ser juzgadas; además, explicó que en las cárceles capitalinas manda el narco, lo que refuerza la preocupación de su partido.
Sin embargo, Erika Rosales, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, recalcó que esta reforma es una respuesta a las necesidades de la población, ya que establece criterios claros y específicos para su aplicación.
Además, afirmó que lejos de ser arbitrario protege a las víctimas frente a conductas delictivas, pues su propósito no es castigar de manera desmedida, sino proteger a testigos, evitar la fuga de los responsables y asegurar que la justicia se cumpla.
Lo anterior debido a que los Ministerios Públicos sólo podrán acceder a esta medida cuando las demás herramientas resulten insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, así como la seguridad de la víctima.
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