Ante integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, la ministra presidenta Norma Piña aseguró que una disminución presupuestal al Poder Judicial de la Federación detendría la consolidación efectiva del Sistema Penal Acusatorio e impediría al Instituto de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables.
“Enfrentamos retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial en México, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años”, indicó durante una reunión con la delegación de este Grupo.
Piña dijo que México está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias, pues los datos revelan el aumento de desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo las prácticas de tortura.
Señaló el abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como la existencia de políticas y prácticas centradas en las detenciones indebidas de migrantes.
“Por eso, en el espíritu de colaboración plena, ahora y hacia el futuro queremos establecer con ustedes y les solicito respetuosamente, pero de frente y sin rodeos, considerar en su evaluación de país y las recomendaciones indispensables que puedan formularnos para combatir las detenciones arbitrarias, el valor indispensable de la independencia judicial y su respeto".
“Esto debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura”, indicó.
