El lunes 9 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por violaciones al procedimiento legislativo. Con nueve votos, el máximo tribunal determinó anular la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicada en 2022.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que con esta decisión, la Corte lo que ha dicho es que una democracia constitucional implica que las decisiones en el parlamento "son mucho más que levantar dedos y contar votos".
"Para que una deliberación sea generalmente democrática se tienen que dar razones, se tienen que dar explicaciones, tiene que haber debate, se tienen que escuchar los puntos de vista de la minoría, se tiene que seguir un trámite legislativo que busca que las personas interesadas y que pueden ser afectadas por las normas, se puedan expresar para que las personas legisladoras se puedan allegar de los elementos necesarios para tomar una determinación", detalló.
Sin embargo, subrayó, lo que se observó en la aprobación fast track del Plan B fue todo lo contrario, ya que las personas que lo aprobaron en la Cámara de Diputados no sabían por lo que estaban votando, desconocían el contenido y no se vio un seguimiento del trámite parlamentario ordinario, se le dio un trámite de urgente resolución, y no hubo argumentos para justificarlo, lo que generó que la calidad deliberativa fuera muy baja.
"Lo que vimos fue una decisión muy consecuente con los precedentes de la Corte y al mismo tiempo muy valiente porque las presiones que venían desde el poder eran enormes, pero qué bueno que hubo nueve ministros y ministras que en esta ocasión pudieron resistir esos embates que venían desde el poder", destacó.
Respecto a las declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel, integrante del pleno de la SCJN, que consideró que no se podía invalidar los compromisos del Legislativo, por respeto a la división de poderes, Martín Reyes indicó que una persona que no entienda que el papel de un Tribunal Constitucional como la Corte es evaluar cuando una ley secundaria es consistente o no con la Constitución, el procedimiento o forma, no entiende lo más elemental del Derecho Constitucional, afirmó.
"Que alguien que esté desempeñando esa función, salga a decir eso, reproduciendo la misma retórica, las mismas falacias, las mismas mentiras que por ejemplo el comunicado de la Presidencia de la República pues simple y sencillamente lo que nos demuestra es que no tiene el conocimiento mismo para estar en ese lugar o está dispuesta a decir cualquier cosa con tal de quedar bien con el gobierno".
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