Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia del exsecretario de Finanzas de la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en la cual la Fiscalía General del Estado FGE de Colima pidió su vinculación a proceso por el desvío de 70 millones de pesos, que fueron extraídos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipecol) a cuentas del gobierno del estado.
Durante dicha audiencia fueron desahogadas las pruebas por la parte acusadora, que señalan que el recurso fue utilizado para el pago de la nómina de la segunda quincena de noviembre del 2020 y regresado 10 días después.
Retiro de 17 cuentas bancarias
Para ello se hizo el retiro de al menos 17 cuentas bancarias de Ipecol, que contenían recursos de los trabajadores de los 10 ayuntamientos del estado, el Instituto Electoral del Estado (IEE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).
También se extrajeron los recursos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), el Instituto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima y el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Además de que la ley prohíbe la utilización de fondos de dos dependencias que no tienen relación alguna, el imputado como consejero usó información privilegiada sobre las finanzas del Ipecol y no enteró ni solicitó permiso a los demás miembros del consejo.
No dejaba registro de los movimientos bancarios
Asimismo, se valió de sus subalternos para realizar dicha operación e instruyó no dejar registro de este movimiento, pese a que se le advirtió que podrían ser observados por el Osafig, lo que ocurrió y constó en la denuncia que este organismo presentó a la fiscalía anticorrupción en octubre del 2021, lo que dio origen a esta investigación.
También se refirió que de acuerdo con testigos, el exfuncionario afirmó que el exmandatario estatal, a quien se refirió como "el patrón", tenía conocimiento y aprobó este movimiento.
Después de que se expuso el caso y ministerio público solicitó la vinculación a proceso del exfuncionario, la juez dio al imputado la opción de emitir su resolución ese mismo día, o bien, en 72 o 144 horas, y fue este último plazo el que por consejo de su abogado defensor eligió, por lo que se citó a la siguiente audiencia el lunes 29 de mayo.
DRV
