Un juez federal determinó vincular a proceso a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada según la carpeta de investigación 541/2019, por lo que dicho individuo se quedará en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos. El político emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) suma su segundo proceso penal con esta causa. El primero corresponde a operaciones con recursos ilícitos.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, le imputa el delito de delincuencia organizado, luego de que hace dos semanas otro juzgado federal le negera la suspensión contra una nueva orden de aprehensión. A pesar de que permanecerá en Morelos, en su momento Borge tendrá que trasladarse al Altiplano de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ya que será ahí donde se lleve a cabo su primera audiencia.
Foto: Cuartoscuro
Roberto Borge, quien gobernó durante el periodo de 2011 a 2016, fue detenido en junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Panamá. Aquella nación extraditó al exmandatario a México en enero de 2018. Mientras que para diciembre de 2020 el implicado ya acumulaba cuatro vinculaciones a proceso, la primera de ellas fue por los delitos de desempeño irregular de la función pública con la entrega indebida de concesiones de transporte en la región de las Islas Marías.
El hombre que en alguna ocasión quería ser recordado como el gobernador más joven en la historia de Quintana Roo, con 32 años, ahora es conocido por lavar 900 millones de pesos, delito por el que se le dictó prisión preventiva en 2018. Borge tenía entre sus visiones una "nueva forma de hacer política", ya que la opinión pública lo catalogaba como una persona comprometida con el medioambiente, cercano a la gente y amante de las fiestas.
Incluso, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) declaró en una ocasión que Borge era una cara nueva para México, pues él iba a encargarse de terminar con la vieja política. Esta acusado, entre otros delitos, de haber vendido irregularmente 9 mil 600 hectáreas de terrenos frente al Caribe mexicano a familia y amigos durante el tiempo que duró su mandato.
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Borge y los antecedentes
El pasado 15 de febrero, el exgoberandor obtuvo un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso en el proceso que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Esto no significa que el ex funcionario recupera su libertad, ya que César Octavio Meza Ojeda, secretario en funciones de Juez Sexto de Distrito en Quintana Roo, ordenó que se deje sin efectos la medida cautelar que se confirmó el 14 de mayo de 2021 y que el juez de control determine si nuevamente le impone o no la prisión preventiva justificada.
“Con plenitud de jurisdicción, y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, emita una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de la revisión de medidas cautelares”, resolvió Meza Ojeda. Borge reclamó en el amparo que presentó, que el juzgador que lo vinculó a proceso no fundó debidamente su resolución al imponer esa medida cautelar.
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También señaló que se transgredió su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia porque el juez incluyó elementos que no fueron expuestos por la autoridad ministerial, por lo que la defensa no pudo debatir sobre estos.
“Que se rebasó el límite máximo, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permanecer en prisión preventiva, por lo que excede el plazo razonable; que se debió tomar como punto de partida para el cómputo de la prisión preventiva, el momento de su detención con fines de extradición, a saber el cinco de junio de dos mil diecisiete”, son otros de los señalamientos del imputado.
*Con información de Diana Martínez
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