Los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, realizarán 300 asambleas en todo el país para presentar su proyecto fiscal y presupuestario alterno para 2023, titulado "Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo".
En estas asambleas informativas que realizarán en las 32 entidades del país, los priistas expondrán las deficiencias que consideran hay en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 entregado el pasado 8 de septiembre por el gobierno federal y presentarán alternativas para combatirlo.
En cada una de estas 300 asambleas, estará presente una comitiva de diputados federales del PRI. “No solo vamos a explicar los problemas del país, también escucharemos a la gente, les llevaremos propuestas y les vamos a plantear una ruta para protestar”, señaló el coordinador de la fracción parlamentaria, Rubén Moreira.
FOTO: Especial
Plan presupuestario
Entre las propuestas del "Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo" destacan las de aumentar el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria y garantizar los tratamientos de cáncer y vacunas, aumentar los presupuestos para el servicio de agua potable, drenaje y electrificación, así como ampliar los subsidios a universidades públicas.
En su propuesta alterna también plantean el incremento de los recursos para estados y municipios en materia de seguridad, pueblos mágicos y medio ambiente, aumentar el presupuesto al campo, invertir en la construcción y mantenimiento de carreteras.
“El grupo parlamentario, asimismo, propondrá otras medidas para amortiguar el peso de la crisis económica y distribuir mejor la riqueza”, señaló a través de un comunicado.
Asimismo, la alternativa propone establecer los programas de apoyo crediticio a pequeñas y medianas empresas a través de la Secretaría de Economía y la Banca de Desarrollo (Nafin), así como eliminar comisiones bancarias que dañan a las clases más necesitadas.
“Se propone que una parte de los impuestos recaudados a empresas mineras o de hidrocarburos se queden en las comunidades donde se realiza la explotación para revertir daños y mejorar las condiciones de vida”, señala el documento.
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