Abusos en estacionamientos públicos dejarían de ser la norma en la CDMX

Hace 31 años que no se analizan ni aprueban reformas a Ley de Establecimientos Mercantiles en materia de estacionamientos públicos, lo que ha derivado en que haya “lagunas jurídicas” en el funcionamiento de los mismos.

Por ello, el coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo presentó una iniciativa para supervisar la operación y meter al orden estos negocios que se encuentran en las 16 alcaldías.

El legislador propuso que las alcaldías cuenten con un sistema de registro de estacionamientos públicos existentes dentro de su demarcación territorial, el cual contendrá datos de los responsables del establecimiento.

Así como contratos de prestación de servicios, póliza del seguro, capacidad del estacionamiento, además de que su ubicación y funcionamiento serán regidos por el Reglamento que para tal efecto emita el Gobierno capitalino.

Dijo que las tarifas serán establecidas de manera sectorizada, considerando el tipo de vialidad en el que están, afluencia, número de estacionamientos en la zona y capacidad de los mismos, además de que estas deberán ser autorizadas de manera anual y publicarse en la Gaceta Oficial capitalina antes de comenzar el ejercicio respectivo.

Víctor Hugo Lobo presentó una iniciativa para supervisar la operación y meter al orden estos negocios (Foto: Especial)

Asimismo, resaltó que los estacionamientos, lo mismo que los acomodadores de vehículos, serán responsables del daño y robo parciales o tales del vehículo bajo su resguardo, lo mismo que de cualquier daño de la unidad, cubrir el pago total del deducible cuando sea trate de robo total o parcial o cuando el daño sea atribuible al titular u operador, el cual bajo ninguna circunstancia, correrá a cargo de persona distinta a la del responsable del establecimiento mercantil.

También, refirió que deberán sujetarse a la tarifa autorizada, la que deberá tenerse en lugar visible para los usuarios, y bajo ninguna circunstancia podrán exhibir o manifestar por cualquier medio a los usuarios disposiciones o cláusulas contrarias a lo establecido en el ordenamiento.

Esto está contenido en el documento que busca reformar la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como los artículos 10, 48, 49 y 50 de la Ley de Establecimientos Mercantiles en materia de estacionamientos públicos.

“Hay una laguna, tal situación ha sido aprovechada por estos negocios, para imponer su propio mecanismo de operación, reglas, tarifas y cláusulas que, incluso, resultan ser ilegales, al ir en contra de lo que establecen normas como las leyes de Establecimientos Mercantiles, Alcaldías y Movilidad e, incluso, del Código Penal”, destacó.

Refirió que la mayoría de los establecimientos presentan irregularidades en los contratos de adhesión y falta de información al público sobre los costos de sus servicios, así como tampoco existen informes sobre las acciones implementados por la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) o por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), para combatir estas irregularidades.

Esta propuesta será enviada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y la de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Administración Pública local para su análisis y posterior dictaminación.