Las diputadas federales mexiquenses del PRI acusaron a Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, de cometer una nueva modalidad de violencia política en razón de género e ingresaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhem).
El recurso es réplica de otras acciones tomadas a nivel nacional y se da a dos semanas de que la morenista aseguró que tenía fotos íntimas de legisladoras priistas y que estaban en poder del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas.
La dirigencia del tricolor estatal respaldó el recurso que se sumará a otro que ingresarán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pues aseguraron que ya se han dado agresiones con otros legisladores en sus respectivos estados.
En conferencia de prensa, la diputada federal, Melissa Vargas Camacho, afirmó que Sansores San Román inauguró una nueva modalidad de violencia política en razón de género de una larga lista.
Aunque aseveró que es lamentable que sea una mujer en contra de otras luego de lanzar los dichos sobre material íntimo el 5 de julio, los cuales, apuntó, son falsos.
“Ni siquiera esta modalidad se encontraba inscrita, que pena que la haya inaugurado otra mujer dentro del gran listado de la violencia política que hoy ya se encuentran”, declaró.
Lamentó que cuando se avanzó en paridad de género en el país, es cuando pareciera que están en mayor riesgo y citó que de acuerdo al Indicador de Violencia Política 2020 y 2021, se agredieron a 52 mujeres que ejercen la política y de ellas nueve fallecieron.
Adelantó que la queja que presentaron en la CODHEM ahora la presentarán en la CIDH y se sumará a la que ingresaron a la Fiscalía General de la República; y garantizó que legislarán para sancionar la conducta en la que incurrió la mandataria de Campeche.
La legisladora federal, Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que con el recurso que presentaron se piden medidas de protección y que se castigue, como se sancione a quien haya cometido el delito.
Declaró que los delitos que se configuran son la violencia política en razón de género, a la identidad sexual agravada, mediática y digital, así como amenazas, y alcanzan sanciones de 50 a 300 salarios mínimos, de uno a seis años de prisión.
Subrayó que lo que piden es la eliminación del video 5 de julio del programa de Layda Sansores, prohibir continuidad de expresión en contra de las diputadas, que ya no se ejecuten actos de violencia mediática o digital y todas las medidas para salvaguardarlas.
“No nos queda la mayor duda que esto es un acto de gobierno en contra de quienes no estamos a favor de sus reformas retrogradas”, concluyó.
dhfm
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