Un juez especializado en competencia económica suspendió por tiempo indefinido el oficio que obliga a las empresas a comprar gas natural a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó suspensiones definitivas a empresas como Tractebal Energía de Pánuco, Engie y Consorcio Mexi-Gas contra esa orden de la Secretaría de Energía (Sener).
La dependencia emitió el oficio SENER.100/195/2022 el 13 de junio de 2022 en el que informa al director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) de la necesidad de implementar una nueva “Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural”.
También exhorta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a realizar los actos necesarios para que los permisionarios se ajustaran a los criterios de política energética establecidos en el documento y pidió al Cenagas que solicitara a los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte, que acreditaran que el suministro de gas natural lo reciben de alguna de las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias o filiales, y que la prestación del servicio está asegurada con la contratación de capacidad en ductos, a través de un contrato.
Dos días después, se envió un correo a los usuarios del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) para informar de la estrategia y que en 60 días acreditaran el cumplimiento de alguna de las dos obligaciones de contratación.
Algunas empresas promovieron amparos contra esos actos que, de acuerdo con la resolución del juez, transgreden principios constitucionales de competencia y libre concurrencia.
“Si en el caso concreto, por un lado, se constriñe a los permisionarios para que acrediten el suministro de gas natural por parte de alguna de las empresas productivas del Estado, y se les obliga a contratar el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades en el Sistrangas con dichas empresas y, por la otra, se le otorga una ventaja competitiva a la CFE, así como a las empresas productivas del Estado, es claro que en apariencia existe una transgresión a los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia”, señaló Gómez Fierro.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) también advirtió sobre riesgos en materia de competencia, ya que se desincentivaría la entrada de potenciales comercializadores de gas natural y anularía la capacidad de competir de los participantes actuales.
dhfm
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