Angel Yael Ignació Rangel fue un hijo, hermano, emprendedor y estudiante de segundo año de la Licenciatura en Agronomía por la Universidad de Guanajuato. Enamorado de la ciencia, era un joven de 19 años con sueños, expectativas y metas que se vieron truncadas por una bala disparada por la Guardia Nacional (GN).
El mismo día del asesinato, fue detenido el elemento de la GN que lo mató. Pero, tres días después un juez federal “determinó la no vinculación a proceso,” dejándolo libre. Actualmente, otro miembro de la guardia nacional se encuentra en audiencia para determinar si fue el responsable de accionar el arma.
Este caso jurídico evidentemente busca señalar un único culpable, dejando de lado el crimen de fondo que es el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y los múltiples casos de impunidad de los delitos castrenses.
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Guardia Nacional, la impunidad en México
Se estima que la impunidad de las Fuerzas Armadas en México se encuentra alrededor del 99% en delitos como detenciones arbitrarias y abusos de fuerza. Pese a que tan sólo en 2020 la CNDH recibió 359 quejas contra SEDENA y otras 350 contra la Guardia Nacional por violaciones a los Derechos Humanos, casi todas han escapado de una investigación que víncule a detención y procesamiento al miembro de las fuerzas de seguridad.
Según registros realizados por la GN, desde finales del 2019 a mediados del 2021, la fuerza letal utilizada por este organismo le ha costado la vida a 94 civiles, de los cuales 89 son clasificados como “agresores''. No obstante, estos casos no son presentados ante las autoridades ministeriales, por lo que se desconoce si la fuerza letal utilizada se empleó como último recurso. Así, la ausencia de investigaciones contribuye a la impunidad en cuanto a violación de Derechos Humanos.
Por su parte, los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos son raquíticos respecto a las abundantes denuncias de los abusos castrenses. Tan solo la Fiscalía Especializada en Tortura cuenta con 2115 averiguaciones que señalan a elementos de las Fuerzas Armadas (SEMAR y SEDENA) como ejecutores de este delito; de los cuales, desde 2015 hasta mediados de 2021, solo uno ha encontrado una sentencia condenatoria.
El uso excesivo de la fuerza y las graves violaciones a derechos humanos no son un fenómeno nuevo, como tampoco lo es la impunidad bajo la que han operado las fuerzas armadas. De hecho, en la década de los 70, durante la llamada “guerra sucia”, las fuerzas del Estado actuaron con una estrategia de exterminio mediante grupos como la “Brigada Blanca”, cuyos miembros jamás respondieron ante la justicia.
En nuestra historia reciente, el abuso de la fuerza por parte del Ejército y los cuerpos militarizados del Estado, tuvo un repunte durante el sexenio de Calderón, en el que destacan casos como el de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey ejecutados extrajudicialmente por elementos militares en 2010. Aunque en 2019 hubo una disculpa pública, el caso continúa impune, pues ninguno de los responsables ha sido sentenciado.
Tan sólo unos años después, con el caso Ayotzinapa que se suscitó en 2014, se ha presentado el mismo patrón de impunidad que, con todo y “Comisión de la Verdad”, no ha obtenido ninguna sentencia condenatoria para elementos del Ejército cuya responsabilidad está más que documentada.
Con esta infame tradición histórica de impunidad garantizada para los miembros de las fuerzas del Estado, el pronóstico para que el caso de Ángel Yael obtenga una sentencia justa es improbable. Sin embargo, es momento de exigir que, como ha declarado su padre “su caso sea el inicio de un camino distinto”.
Por: Dalia Lara(@DaliaLaraa_), Luis Gerardo Domínguez (@Lgdm99), Alecxaí Yllades de la Fuente (@AlecxaiY).