El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hizo un llamado al Congreso local para atender una serie de iniciativas que envió el Ejecutivo capitalino y no han sido aprobadas.
En conferencia de prensa, el funcionario advirtió que el órgano legislativo está por entrar en el último mes de actividades de este Periodo Ordinario de Sesiones y está llegando a las conclusiones importantes de su labor.
“El Congreso local tiene una variedad de temas y de asuntos que abordar, fruto de su trabajo, de sus iniciativas y de su relación con la sociedad; pero también, dentro de las tareas que tendrá que concretar, están los temas planteados por el Gobierno de la Ciudad de México o que son prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México.
“Por eso estamos pidiéndole al Congreso local de la Ciudad de México, con respeto a su Soberanía, en el marco de la división de Poderes, pero también en un marco de colaboración entre Poderes locales, que atienda los siguientes temas, los cuales constituyen la Agenda Legislativa planteada por el Gobierno de la Ciudad de México en este periodo”, dijo.
La agenda legislativa, planteada por el Gobierno local, para el segundo periodo ordinarios del primer año de la actual legislatura consiste en las siguientes iniciativas:
Dos reformas laborales: una es una Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia de Justicia Laboral para la creación de los Juzgados Laborales.
“Esa es una reforma muy importante que se deriva de la Reforma laboral que se hizo a nivel general hace tres años; se plantea que se creen Juzgados Laborales, así como existen Juzgados de lo familiar o Juzgados en materia inquilinaria u otros Juzgados de otros temas, aquí se está planteando la creación de Juzgados Laborales”, explicó Batres.
También se contempla la creación de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, que será un órgano que va a sustituir también a las Juntas por los Juzgados Laborales como también por los Centros de Conciliación Laboral.
Sumado a ello, la Reforma a la Legislación Electoral en materia de Austeridad, después del problema de las prerrogativas que no se entregaban a los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
“Está planteada una Reforma a la Legislación Electoral en materia de Austeridad para que el Instituto Electoral pueda reducir ciertas estructuras y, por lo tanto, ahorrar recursos, seguir trabajando con eficiencia, pero garantizar la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos a partir de las propias medidas de Austeridad que tome, y esta es una reforma que ayuda al Instituto Electoral de la Ciudad de México a tomar medidas en materia de Austeridad interna”, dijo el funcionario.
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Atlampa también no se ha resuelto.
Se entregó, ya, desde el principio del actual Periodo Ordinario de Sesiones al Congreso Local de la Ciudad de México, se turnó a Comisiones y están a la espera de que se dictamine y pase al Pleno.
La Ley de Publicidad Exterior, que incluye el retiro de los espectaculares unipolares y los que se ubican en las azoteas, y otro tipo de publicidad que entraña ciertos riesgos de protección civil.
El nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como el de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tampoco se han desahogado.
“No quiero concluir sin mencionar que hay un tema que no se puede resolver en este Periodo de Sesiones (...) pero nos parece muy importante mantener el debate a lo largo de este Periodo Ordinario de Sesiones sobre la Reforma a la Constitución local para incorporar como Derechos la existencia de la “Beca de Bienestar para Niñas y Niños”, que actualmente beneficia a 1 millón 200 mil niñas y niños de la Ciudad de México.
“Y el Programa “La Escuela es Nuestra”, que también beneficia a la totalidad de planteles escolares de Preescolar, Primaria y Secundaria que se encuentran en el territorio de la capital y que implica el manejo participativo de recursos públicos para la mejora de los planteles”, agregó.
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