Con 30 participaciones en un abordaje multitemático en torno a los derechos de las mujeres se llevó a cabo el Segundo Parlamento de Mujeres organizado por el Congreso del estado de San Luis Potosí donde hubo, donde destacaron participaciones relativas a la interrupción legal del embarazo, la inclusión de las mujeres trans y la pronta legislación para validar la niñez trans.
Durante cerca de tres horas en el salón de Plenos “Ponciano Arriaga Leija” desde perspectivas académicas, indígenas y del activismo feminista fueron condenadas todo tipo de violencias contra ellas, como la Vicaria que consiste en violentar a los hijos para hacer daño a la madre; también surgieron propuestas como la creación de una Secretaría Estatal del Migrante que opera con perspectiva de género.
En su intervención la activista Metztli Eliana Carlos Rodríguez abordó el tema de la interrupción legal del embarazo en San Luis Potosí, donde dijo el debate de la existencia de la mujer se ha convertido en terreno de discusión y no de libre decisión.
Afirmó que el estado está profundamente contaminado por la moral religiosa de ciudadanos y representantes, “efectivamente, la maternidad puede ser algo sagrado, tanto así, que debe ser algo deseado y no impuesto por las leyes o la religión. La maternidad debe dejar de ser vista como un mandato divino y un destino de nuestra naturaleza femenina, debe ser una decisión libre, informada y consiente”, apuntó.
Metzli Ileana señaló que el aborto es un derecho, aunque se ha querido esconder la misoginia y el prohibicionismo en “moral y buenas costumbres”, que ni siquiera los grupos conservadores practican, por lo que llamó a seguir luchando por instaurar la interrupción legal del embarazo en San Luis Potosí, “continuar con la criminalización del aborto resulta una continuación de la violencia sistemática que han vivido las mujeres”, indicó.
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A nombre de las mujeres trans subió a tribuna Vanessa Esmeralda Hernández quien detalló el estado de pobreza, discriminación, violencia, exclusión, criminalización e invisibilidad en que viven.
Exigió que sea instaurado un cupo laboral mínimo del tres por ciento en las instituciones, organismos autónomos y descentralizados de los tres poderes del Estado mexicano; la promoción de leyes, políticas públicas y programas de fomento y generación de empleo, con el fin de que accedan al mercado laboral formal, libres de estigma y discriminación; establecer un cupo mínimo en licitaciones y contrataciones del Estado dirigido a proveedores, cooperativas y proyectos autogestivos integrados por personas trans y no binarias; favorecer iniciativas de empleo independiente y asociativo, mediante el financiamiento, aporte de herramientas y capacitación para la gestación de unidades productivas.
Lía Fernanda Rodríguez Cerrillo habló acerca de la necesidad de reconocimiento jurídico a niñas trans y en la tribuna legislativa donde dijo que para combatir el transfeminicidio, la opresión y discriminación a la mujer trans, se necesita que las mujeres del futuro tengan salud física y emocional y que para lograrlo es necesaria una infancia del presente que sea respetuosa, digna y sana.
Aseveró que muchas de las niñas trans son maltratadas, humilladas, oprimidas y hasta exiliadas de su hogar antes de los 15 años, lo que deriva problemas psicológicos, educativos, económicos y sociales, lo cual las convierte en mujeres con alto riesgo de ser vulneradas, por lo que urgió a la visibilización, orientación, acompañamiento y desmitificación, “el poderlas enunciar implica desacoplar los mitos de la visión binaria y la genitalidad acorde al género”, enfatizó.
Lía Fernanda propuso reformar el Artículo 65 del Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, para que los requisitos consideren válidas a las infancias y a las migrantes, quienes suelen ser víctimas del exilio familiar y social a temprana edad.
“Deseo recalcar que no es una institucionalización de las niñas trans, pues recordemos que la vida jurídica valida aspectos sociales y burocráticos, tampoco es una hormonización de las infancias, esta ley implicaría la posibilidad de promover herramientas y políticas públicas adecuadas para que tengan una infancia informada y socialmente saludable, de tal forma disminuir la opresión, discriminación y abusos en vías de también cumplir la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales”, expuso.
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