Integrantes del colectivo CASO 992 acudieron a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción ocurridos en el caso de la señora Ingrid Tapia, cuya expareja sentimental, identificado como Leonel "N", no ha sido notificado desde hace más de 20 años para hacerse responsable de la pensión alimenticia de sus hijos
Por ello, activistas pidieron audiencia con María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en FGR. Luego de la entrega del documento en el inmueble de la FGR, ubicado en la Glorieta de Insurgentes, las mujeres vestidas de novia realizarán una marcha hasta el Ángel de la Independencia.
Ahí permanecerán por tiempo indefinido hasta que autoridades les informen si el presunto deudor alimenticio, Leonel "N", trabaja o no en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que se les señala qué cargo ostenta. En la protesta participan colectivos de distintos estados, quienes buscan se modifique la ley para que autoridades tengan la facultad de intervenir y ubicar a los deudores alimenticios.
Iniciativa para enfrentar violencia vicaria
El mes pasado, la Red de Mujeres en Acción presentó una iniciativa que busca reformas al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que le dé más poder a las unidades de medidas cautelares a fin de que estén a cargo de las investigaciones para ubicar a los deudores alimentarios. La propuesta fue entregada por un grupo de representantes del colectivo vestidas de novias y recibida por diputadas del PAN, PRI, Morena, PT y PVEM, quienes hicieron suya la propuesta de reforma.
“La Red de Mujeres en Acción, adopta y acompaña la presentación de una iniciativa de ley elaborada por la licenciada Ingrid Tapia, generada del Caso 992, que tiene como objetivo lograr que la unidad de medidas cautelares pueda coadyuvar en la localización de los deudores alimentarios”, detallaron.
Al argumentar la propuesta, la activista Ana Correa, detalló que actualmente, sólo en 42 juzgados de la Ciudad de México se puede llegar a tener hasta 4 mil demandas anuales de alimentos, porque se ha incrementado el número de mujeres que son abandonadas junto con sus hijos. Adicionalmente, dijo, 88 mil menores son víctimas de la violencia vicaria en el país, que tiene que ver con el uso de la violencia contra los hijos para dañar a la madre.
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