La defensa del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la cancelación de la orden de aprehensión el pasado día 28 de septiembre sin haber notificado a todas las instancias judiciales correspondientes, e indica que el comunicado de la Secretaría de Gobernación viola el principio de presunción de inocencia que la Constitución otorga a los imputados.
El Bufete Ruiz Durán en un comunicado hace hincapié en que la defensa aportó los datos de prueba a la Fiscalía, que acreditan plenamente la inexistencia de los supuestos delitos que se le imputan a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Investigación en curso
Además, solicitó por al Ministerio Público de la Federación, que en caso de solicitar una nueva orden de aprehensión, se encontraba obligado (por el principio de lealtad y objetividad) de exhibir al Juez de Control los datos de prueba aportados por la defensa en la carpeta de investigación.
A la vez se indica que el equipo de abogados del exgobernador interpuso denuncia en contra de los Ministerios Públicos que solicitaron la orden de aprehensión mencionada, así como en contra del Juez de Distrito que giró dicha orden acusándoles de abuso de autoridad al haber iniciado un procedimiento penal en contra de un servidor público, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado la invalidez de dicha orden.
Se apunta que derivado de las resoluciones de las Controversias Constitucionales 50/2021 y 70/2021 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impuso a la Fiscalía General de la República la obligación de cancelar de manera inmediata la orden de aprehensión dictada en contra de García Cabeza de Vaca. Y se añade que dicha cancelación debió de realizarse desde el 18 de agosto del año en curso; sin embargo, de forma inexplicable, la Fiscalía solicitó su cancelación hasta el día 28 de septiembre, sin que hasta esta fecha se hubiera notificado a todas las instancias judiciales correspondientes.
Revisar acciones judiciales
El equipo legal plantea que en caso de que la Fiscalía haya solicitado nuevamente una orden de aprehensión, se debió de haber solicitado con base en hechos y datos de prueba sesgados e incompletos, de forma desleal y parcial. Toda vez que, resulta inverosímil que un Juez de Control hubiese podido revisar en un plazo de 3 días, los datos de prueba que integran más de 60,000 hojas (20 tomos más 40 anexos).
Finalmente, lamenta el comunicado de la secretaría de Gobernación, emitido hoy, en el que expone indebidamente la situación de su cliente; ya que, lo anterior viola el principio de presunción de inocencia que la Constitución otorga a los imputados, a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. De nada sirven estos derechos cuando el mismo Estado expone públicamente a alguien como responsable de un delito, cuando prueba evidente y suficiente que demuestra su inocencia, puntualiza.
Y advierte que lo anterior, constituye un efecto corruptor, ya que se corre el enorme riesgo de condenar públicamente al imputado antes de tiempo. Cuestión que le corresponde al proceso penal y que en este caso se ha desplazado al juzgamiento público, derivado de la información difundida institucionalmente por el Gobierno Federal.
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