Con el objetivo de documentar las anomalías, retrasos y atención que se tiene desde la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco respecto al tema de desaparecidos y en donde hay una serie de temas a atender, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), presentó el documento "Fiscalía a la deriva. Informe a 5 años de creación de la Fiscalía en Personas Desaparecidas en Jalisco".
Algunos datos que se destacan es que el 47.22 por ciento califican como malo o muy malo el trato que recibieron por parte de la Fiscalía, que solamente el dos por ciento de las investigaciones por desaparición llegan a la judicialización.
En Jalisco hay 37 agencias del Ministerio Público, de estas, 22 están en la zona metropolitana de Guadalajara y 15 en las regiones y en ellas, se tienen 10 mil 355 expedientes entre carpetas de investigación y averiguaciones previas por personas que siguen desaparecidas y mil 705 por asuntos donde la persona fue localizada, pero el caso sigue bajo investigación penal a fin de perseguir el delito. En total, son 12 mil 60 investigaciones lo que implica que cada Agencia del Ministerio Público debe hacerse cargo de 326 expedientes.
Sin embargo, tan solo en el dos por ciento de las investigaciones se llega a la etapa de judicialización y actualmente existen once sentencias condenatorias: cinco por desaparición forzada de personas y seis por desaparición cometida por particulares.
“Una de cada 10 personas dijo que no hay personas detenidas por su probable relación por su caso, sin embargo, solicitamos información a la Fiscalía Especial y nos respondió que tienen 455 personas detenidas en flagrancia o por orden de aprehensión por su probable participación de este delito y si ponemos en relación este dato de los 10 mil 60 expedientes, podemos darnos cuenta de que tan solo cuatro personas de cada 100 expedientes activos en la Fiscalía por desaparición de personas son detenidas”, explicó Francisco Campos.
Revictimización
La revictimización por parte de servidores públicos es una constante y las familias mencionaron que al momento de presentar la denuncia, en el 40 por ciento les mencionaron que “en algo andaba su familiar”; en el 37 por ciento, que “andaba en malos pasos”; en el 27 por ciento, que “estaba en el lugar equivocado”; en el 18 por ciento que "se fue de fiesta y finalmente, el 14 por ciento “que se fue con el novio/a”.
Además, el 78 por ciento de las personas que han denunciado ante la Fiscalía Especial, se reconocen como víctimas de omisiones y retrasos para obtener información y el 91.9 por ciento no reciben información de las averiguaciones o el seguimiento de sus casos además de que en el 52.7 por ciento.
El 60 por ciento de las familias que participaron en este diagnóstico, señaló que sí han interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) con el principal objetivo de que se agilicen las investigaciones sobre sus casos, sin embargo, en el 72 por ciento de los casos, han tenido que esperar entre un año y año y medio para que el organismo se pronunciara en sus casos y emitiera alguna recomendación.
Así, en el documento se incluyen una serie de recomendaciones que serán compartidas con la propia Fiscalía, organismos nacionales e internacionales, entre otras, el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, el Consejo Estatal Ciudadano de dicho Comité y el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzadas o involuntarias así como el Comité contra la Desaparición Forzada, ambos del Sistema Universal de Naciones Unidas.
Los datos que se integran en el documento, están basadas en la recopilación que se hizo a través de encuestas aplicadas a 72 familias que buscan a una persona desaparecida.
Omisiones y vicios
Por su parte, Jonathan Avila dijo que el presente informe pretende que además de ser un diagnóstico documentado de las omisiones y vicios que tiene la dependencia y lo que padecen las familias por parte de servidores públicos, esperan que pueda ser una herramienta para que se revisen las necesidades y deficiencias que tienen las instituciones y se contemplen presupuestos para subsanar esto.
“Que pueda ser un insumo también en ese sentido, y lo hemos analizado de manera específica el presupuesto, y que esto pueda ser retomado, para varios procesos, uno es el diagnóstico, la posibilidad de sentar algunas bases de algún plan institucional y pensar en algunos indicadores, que eso también se presenta en el presupuesto que va a mandar el gobernador en noviembre al Congreso, esos indicadores que también”.
Finalmente, Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAD expuso las recomendaciones como la creación de modelos alternos de recepción de denuncias; diagnóstico sobre el estatus en las diligencias; concretar a través de acciones, la autonomía de la Fiscalía Especializada; hacer públicos los informes de la Dirección de Análisis y Contexto así como implementar un plan de persecución penal.
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