La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) reveló que aunque solicitó acceso a centros para el tratamiento y control de adicciones en el estado el año pasado, se le fue negada esta solicitud.
A través de un comunicado, la Comisión informó que pidió a la Secretaría de Salud trabajar en la supervisión de estos establecimientos públicos y privados, ante hechos de violencia acontecidos en este tipo de lugares.
Aclaró que solicitó a la dependencia el acceso para presentar un diagnóstico que sea de utilidad, pero le fue negado. Por lo que en noviembre y diciembre del año pasado realizó un requerimiento para conocer por escrito las condiciones actuales de estos centros.
“Esta Comisión tiene conocimiento, por la integración de sus expedientes de queja, de casos relacionados con violencias ocurridas al interior de los centros para la atención de adicciones que, en la mayoría de los casos, han resultado ser establecimientos que no contaban con los permisos correspondientes, viéndose afectados los derechos a la salud, integridad personal e inclusive a la vida de las personas usuarias de dichos centros”, mencionó el organismo.
Cabe recordar que este febrero se cumplen dos años de que se registró el homicidio de la joven menor de edad, Ángela Saucedo. A sus 15 años, Saucedo estuvo internada en un centro irregular, donde perdió la vida tras haber sufrido violencia sexual y otro tipo de negligencias médicas, que finalmente derivaron en su muerte después de que se le negó la insulina que necesitaba para tratar su diabetes.
“Resulta relevante la adopción de medidas, de forma inmediata y diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones a la integridad personal, salud y vida de las personas usuarias de servicios para el tratamiento y control de adicciones”, argumentó la CEDHNL.
Aunado a esto, la Comisión informó que tienen conocimiento que existen dos instituciones públicas y 114 privadas que prestan este servicio de tratamiento.
Pero agregó que aunque muchas sean privadas, se debe considerar la responsabilidad del estado de supervisar su ejecución y garantizar una protección efectiva de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios sean provistos a la colectividad de la forma más efectiva posible.
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“También el Estado debe proporcionar y difundir información adecuada y suficiente sobre los centros para el tratamiento y control de adicciones, con el fin de evitar que las personas que requieran este servicio acudan a establecimientos que no cuenten con los permisos correspondientes”.
De acuerdo a la misma CEDHNL, se tienen cinco expedientes de queja tan solo durante el año pasado, y estos están relacionados a los centros para el tratamiento y control de adicciones, públicos y privados.
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