El DIF nacional, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que se encuentra investigando el caso del menor que fue “adoptado temporalmente” por el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, y en su caso emprenderá acciones administrativas y jurisdiccionales.
En un comunicado, la autoridad federal informó que se requirió mediante un oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre el supuesto “proceso de adopción” por un fin de semana, o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el menor estuviera bajo el cuidado del matrimonio.
En concreto, se le otorgó un plazo de 72 horas a dicha Procuraduría para remitir la información solicitada, y adelantó que una vez recibida y que se realice un análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes.
Entre los problemas que destacó el sistema nacional se encuentran el mostrar en videos y fotografías en redes sociales el rostro del niño de cinco meses de edad; además de que se reveló su nombre y problemas de salud.
“Existe una clara vulneración de derechos (a la intimidad y a la protección de datos personales) reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país.
“Por lo anterior, se requirió a la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño”, mencionó el DIF en su comunicado.
Cabe señalar que considerando las declaraciones del matrimonio, el menor se encontraría bajo el cuidado de un Centro de Asistencia Social Público que depende del DIF Nuevo León, y no del sistema nacional.
Sin embargo, la Procuraduría federal advirtió que realizará las acciones necesarias para proteger el interés superior de la niñez en este caso. E hizo un llamado a la población y medios de comunicación a respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la Procuraduría informó que “reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la niñez”.
Y agregó que la adopción, como cualquier medio alternativo de cuidado familiar, debe realizar en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, es por eso que es necesario que cada persona o familia interesada en un proceso de adopción cuente con un certificado de idoneidad, que solo puede ser expedido por el DIF nacional, los sistemas estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que sin este resulta jurídicamente imposible realizar la asignación de un menor.
Alerta Save The Children que pudo haberse cometido trata de personas en caso de menor del DIFNL
La organización Save The Children alertó que el caso del menor del DIF que pasó un fin de semana en convivencia familiar con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, se pudo haber cometido el delito de trata de personas.
A través de un comunicado en redes sociales, la ONG aseguró que es urgente que se adopten medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Esto después de que el pasado 15 de enero, el gobernador y su esposa solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del sistema estatal del DIF sin tener ningún vínculo con él, y utilizaron sus redes sociales para difundir los momentos que vivieron con el menor en su hogar durante los días que estuvo bajo su cuidado.
Denunció además que el niño quedo expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como el derecho a la vida privada, derecho a la identidad, derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la constitución.
“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales. Esta situación refleja las graves carencias de nuestros sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes”, se mencionó.
Además, Save The Children insistió que el caso debe investigarse legalmente, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, hicieron un llamado al gobierno y la sociedad en México a cuestionarse cómo se tratan a los menores de edad en el país, en específico si se está haciendo lo mejor para ellos o perjudicándolos y violando sus derechos más fundamentales.
“¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?”, cuestionó el organismo.
SSB
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