Apoco más de dos años de alcanzar su reconocimiento como pueblo originario en la Constitución Mexicana, la medida ha sido insuficiente porque las comunidades afromexicanas, que suman más de 2.5 millones de personas, continúan invisibilizadas y se mantienen las prácticas discriminatorias en los mismos lugares que habitan, advirtieron sus integrantes y defensores de derechos humanos.
A la fecha, 2 por ciento de la población del país que se considera afromexicana, negra, o afrodescendiente, enfrenta obstáculos para ejercer sus derechos y sus aportes a la construcción de la nación siguen sin ser valorados.
“Se nos nombra, pero no se nos hace justicia histórica”, puntualizó Beatriz Amaro, integrante de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro). Afirmó que el reconocimiento en 2019 debió darse de manera transversal y señalar que la pluriculturalidad del país está “sustentada en los pueblos indígenas y el afromexicano”.
Amaro, que también forma parte de la organización Unidad para el Progreso de Oaxaca (Unproax), señaló que no incluye tampoco un concepto de lo que es el pueblo afrodescendiente ni da derechos específicos, así como no establece obligaciones al Estado para cumplir con dichas garantías.
“Dice que tendremos los mismos derechos que los pueblos indígenas, lo que nos deja un tanto a la deriva y a la interpretación de las leyes, de los jueces y de las instituciones”, puntualizó Beatriz Amaro.
Guerrero y Oaxaca son entidades con mayor presencia afromexicana, y es ahí donde se registran más las vulneraciones. Aunque 17 entidades dieron su aval a la reforma nacional que les dio reconocimiento, en constituciones locales es un tema pendiente, así como incluirlos en los puestos de toma de decisiones en municipios.
En Guerrero, indicó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, conjuntaron esfuerzos pueblos indígenas y afromexicanos de la Costa Chica para una reforma constitucional local, con un reconocimiento expreso, pero “se opusieron los partidos políticos” en el periodo que concluyó.
Barrera coincide en que la reforma de 2019 es insuficiente, porque en los lugares donde habitan los afrodesdendientes “se sigue reproduciendo la práctica discriminatoria. No se abren espacios, los mismos actores políticos que deberían alentar esta participación se encargan más bien de relegarla”.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades, situaciones en las que la mayoría de las veces el color de piel fue la causa.
Desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se prepara una reforma para los pueblos afromexicanos: “Muchísimo más detallada y más participativa, porque partió de una consulta nacional”, añadió Amaro.
La iniciativa incluye ya la siguiente definición: “El pueblo y las comunidades afromexicanas son aquellas que descienden de poblaciones africanas, que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial y tienen formas propias de organización social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades diferenciadas”.
POR ANTONIO BAUTISTA
MAAZ