El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, señaló que el INE alista la promoción y realización de la consulta para el juicio a expresidentes del próximo 1 de agosto.
En entrevista para Heraldo Radio en “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Jacobo dijo que están obligados constitucionalmente a organizar la consulta popular y se pondrán a alrededor de 57 mil mesas receptoras, las cuales son equivalentes a las casillas en el proceso electoral, para estar cerca de los ciudadanos y que acudan a dar su punto de vista respecto al tema de los expresidentes.
Explicó que acudirán a los que fungieron como funcionarios de mesas directivas de casillas en las elecciones del pasado 6 de junio, ya que tienen una capacitación, un entrenamiento y pueden facilitar mucho el trabajo en este sentido.
Agregó que se trata de ejercicio más sencillo, ya que solo es una boleta con una pregunta que se tiene que contestar con un SÍ o un NO. Probablemente, se podrían computar los resultados de la ciudadanía y darlos a conocer esa misma noche.
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Además, mencionó que los capacitadores electorales serán instructores para la capacitación requerida para dicha consulta, y se utilizarán materiales como mamparas, urnas, entre otros, que se utilizaron en las pasadas elecciones.
Comentó que los recursos que tiene el INE alcanzan para poner las casillas que se requieren pagar a funcionarios, capacitadores y más, pero el gobierno federal no les dio para ello, por lo que este ejercicio se está realizando solo con los ahorros que han hecho a lo largo de este año, ya que la pandemia ha generado estos ahorros porque al no acudir a las oficinas no se gasta en agua, en electricidad, entre otras cosas.
Eduardo Jacobo reveló que el costo que se tiene previsto para esta consulta popular es de 522 millones de pesos.
Afirmó que la pregunta que se hace en la consulta popular no es sencilla y que el INE tendrá el reto de comunicación para explicar de la manera más sencilla y clara a la ciudadanía, y, de esta manera, las personas tomen la decisión y se manifiesten.
Añadió que la pregunta implica que si la ciudadanía está de acuerdo se iniciará un proceso de investigación, respetando el marco de constitucionalidad legal, que es algo complejo.
Destacó que la pregunta de la consulta no está dirigida a determinados actores políticos como se ha querido traducir, si no en general para todos, sin definir un tiempo o nivel determinado.
Finalmente, dijo que, a partir del 15 de julio empezará el período para explicar a la ciudadanía de qué se trata.
atm