Preocupa a una veintena de organismos en pro de la educación de calidad, la posible salida de México de la evaluación educativa PISA 2022. Argumentan que la educación es un bien público e implica el derecho a un diagnóstico sólido y oportuno para mejorar la gestión escolar, apoyo a las y los docentes, infraestructura y sobre todo la intervención pedagógica.
Es tiempo de que los mexicanos ejerzan sus derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales para exigir cuentas a las autoridades y defender el interés superior de la niñez, enfatizan estas instituciones en pro de los derechos educativos. Su postura se basa en el artículo tercero constitucional que sobre la educación enfatiza “será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”.
De ahí la importancia de las evaluaciones educativas, lo que no se puede medir no es confiable y no se puede mejorar.
“Las evaluaciones son un elemento de diagnóstico que favorece el ajuste de las intervenciones educativas… la evaluación permite corregir ausencias y omisiones en la acción educativa, focalizar poblaciones, rediseñar prácticas, reasignar presupuestos y, en general, tener elementos para superar la inequidad y la exclusión”, se enfatiza en un comunicado firmado por varios organismos entre ellos Mexicanos Primero, Save The Children y organizaciones integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México – REDIM.
Cabe mencionar que México participa en la evaluación de PISA desde hace 21 años, desde entonces al menos se han identificado limitaciones estructurales del sistema escolar y proponer estrategias para mejorar la educación básica y media superior, así como apoyos a docentes.
Se advierte que las clases a distancia y el prolongado cierre de los planteles educativos han generado un letargo educativo y han afectado las formas de aprendizaje, situaciones que deberán solventarse en los próximos años.
Así que especialmente en este tiempo es importante el diagnóstico sólido que arrojaría la evaluación PISA y hacer una comparativa con otros países y cómo resolverán los retos.
Los organismos advierten que la “opacidad y falta de datos, en todos los casos, algo que favorece que permanezca la injusticia y la desigualdad, lo más conservador que pueda darse; en cambio, una visión progresista de la justicia educativa es una en la que niñas, niños y jóvenes ejercen su derecho a una educación que brinde aprendizajes relevantes y fortalezca su ciudadanía pasa por tener diagnósticos sólidos y conocidos públicamente”.
Por Adriana Luna