La persona que comercialice o compre pruebas con resultados negativos por Covid-19 u otra enfermedad se le impondrá una sanción de cuatro a ocho años de prisión, y de 26 mil a 179 mil pesos de multa.
Así lo señalan dos iniciativas de ley, que presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez.
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“Este tipo de certificados o constancias médicas alteradas, o que contengan información falsa ponen en peligro la salud de otras personas”, dijo.
En sesión virtual, el morenista propuso una adicionar a nivel federal una fracción V al artículo 464 TER de la Ley General de Salud para establecer una sanción para las personas físicas o morales que realicen estas conductas delictivas.
“A quien emita pruebas falsas o quien compre resultados negativos por covid-19 u otra enfermedad, ya sea persona física o moral”, señala la propuesta.
Además a nivel local busca agregar un artículo 339 Bis al Código Penal de la capital, con el fin de detener la venta de estos certificados.
Explicó que las pruebas apócrifas de Covid-19 se venden en las calles del Centro Histórico, principalmente, la Plaza de Santo Domingo y el precio va “desde 700 a 800 pesos, sin embargo, se rebajan hasta 500 pesos”.
Añadió que es grave la usurpación de identidad de laboratorios que no se han prestado a este tipo de irregularidades, al tiempo que lamentó la intención del cliente puede ser obtener un resultado negativo cuando en realidad se encuentra contagiado y pone en riesgo la salud de otros.
“Las pruebas apócrifas que se entregan son elaborada supuestamente por los laboratorios clínicos, bajo las denominaciones de, El Chopo, Salud Digna, y Olab, entre otros. Esta situación se ha presentado en estados como Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y por supuesto en esta capital”, resaltó.
Hizo un llamado a la ciudadanía para no incurrir en estas prácticas, porque de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la falsificación de pruebas de Covid-19 podría encubrir los indicadores e incrementar posteriormente la cifra de contagios y defunciones por este virus, así como comprometer la capacidad hospitalaria en las siguientes semanas y detener así la actividad económica.
Estas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Salud y a la de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictaminación.
Por: Cinthya Stettin
GDM