A última hora, los diputados federales decidieron agregar a la iniciativa presidencial sobre subcontratación que se prohíba también en el sector público el llamado outsourcing, igual que en el sector privado, y que sólo se permite como excepcionalidad para servicios especializados.
Por la mañana de este martes, las comisiones unidas de Trabajo y la de Hacienda de la Cámara de Diputados reanudaron la discusión de la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al medio se decretó otro receso para hacer ajustes al proyecto de dictamen. A las 15:30 horas se levantó el receso y se anunciaron las modificaciones.
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“No pasa desapercibido para estas comisiones que diversas legisladoras y legisladores han presentado iniciativa de reforma para adecuar las disposiciones que en el presente dictamen se establecen en materia de subcontratación, a efecto de que se rijan también para el sector público, adecuando para ello disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”, leyó el diputado Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo.
Las comisiones unidas aprobaron el dictamen con 50 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, y se turnó al Pleno de la Cámara para su inmediata discusión.
Uno de los legisladores en contra, el diputado del PRI Carlos Pavón, también secretario general del Sindicato Nacional Minero-Metalúrgico (SNMM), dijo que “está bien que se regule o se elimine el outsourcing, pero se tiene que ver de una manera clara, no tan urgente como lo quiere hacer el presidente”.
Agregó que en el Congreso se tiene prisa de aprobar la reforma para que el presidente López Obrador “tenga algo que decir el 1 de mayo” próximo, Día del Trabajo.
“Más bien están buscando una reforma recaudatoria, no es una recaudatoria que venga a beneficiar a la gente”, expuso.
Por otra parte, en entrevista la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez, aseguró que hay consenso para aprobar la iniciativa en el Pleno con los cambios de último momento.
“Tiene que ver con una adición, una modificación con la cual todas y todos estamos de acuerdo, que es para incluir al apartado B del 123 a los servidores al servicio del Estado. Todos sabemos que el gobierno federal es uno de los principales contratistas de esta modalidad y ahora están haciendo la modificación en las comisiones unidas, pero el día de hoy discutiremos sin lugar a duda este dictamen”, dijo.
El dictamen prohíbe a los sectores público y privado la subcontratación de empleados y sólo la permito como excepcionalidad para servicios especializados o de la ejecución de las obras especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa.
Para ello se modifican seis leyes: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El objetivo, señala, es terminar con la práctica abusiva de la subcontratación que ocasiona perjuicios en los derechos laborales de los trabajadores y, a su vez, daña a la hacienda pública.
Y es que una vez aprobada en el Congreso y a su entrada en vigor, las empresas e instituciones con trabajadores bajo el régimen de subcontratación laboral cuenten con 90 días para migrar a las nuevas reglas en materia de afiliación, recaudación y fiscalización.
La empresa destino deberá reconocer a los trabajadores sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes.
También marca reglas claras respecto de la situación patrimonial y al registro de sus trabajadores; y establece un reparto límite máximo de 90 días del salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más benéfico del trabajador.
Se endurecen las sanciones para patrones que realicen la subcontratación de personal sin contar con el registro correspondiente, imponiéndosele multa de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, este último equivalente a 4 millones 481 mil pesos.
Por: Iván E. Saldaña
dhfm