El lucro indebido de vacunas e insumos médicos por parte de servidores públicos en un contexto de emergencia sanitaria como la COVID-19, sería castigado hasta con ocho años de cárcel en el Estado de México.
Esto lo planteó la bancada de Morena en el Congreso mexiquense con la finalidad de castigar el influyentismo como el caso del ex director del Hospital Adolfo López Mateo en Toluca, quien accedió junto a dos de sus familiares a la inmunización anticovid en diciembre del 2020.
La reforma al Código Penal plantea que el funcionario que gestione, tramite, facilite o promueva el acceso a los programas salud para sí mismo o su familia, en situación de emergencias sanitarias, epidemias o pandemias se le aplicará de tres a ocho años de prisión.
Además, una multa de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un estimado de 45 mil pesos.
También establece sanciones penales a quien sustraiga o se apodere de forma indebida de dispositivos, productos o insumos para la salud. Y si en el acto participa algún servidor público de salud, se adicionarán dos años más de prisión.
A nombre de Morena, el diputado, Bryan Andrés Tinoco Ruiz, retomó el problema de influyentismo y corrupción en la entidad, como el caso del director del Centro Médico Adolfo López Mateos en la capital mexiquense.
Asimismo, recordó se han alertado de la existencia de sitios web falsos de supuestos laboratorios que ofrecen la vacuna contra el COVID-19. Y citó el registro del robo de más de 10 mil dosis, y varios casos de atracos a camiones con tanques de oxígeno medicinal en el país.
La iniciativa fue presentada en sesión del pleno y turnada a comisiones para su análisis, discusión y dictaminación para que regrese para su eventual aprobación y entrada en vigor.
Por Gerardo García
AV
