El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández González, mencionó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), tendrá consecuencias negativas en temas coyunturales para el desarrollo del país, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la economía mexicana.
“Como fue presentada esta reforma puede violar tratados y acuerdos internacionales, desde el T-MEC, el TLCUEM y el TIPAC, hasta los APPRI, además las modificaciones legislativos crean incertidumbre para atraer inversión en el sector energético de México, lo que afecta directamente en la economía mexicana”, explicó.
Aclaró que si bien la reforma es parte de un plan integral del gobierno de México para fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta inhibe la competitividad en el sector y entre las empresas, derivando incluso en mayores precios de la energía eléctrica.
“Vemos que la reforma no genera mayor competencia económica en el sector, ni entre las empresas al dar ventaja a la CFE, tampoco entre el uso de los diversos energéticos por la ventaja que ofrece a la energía hidroeléctrica, finalmente estos cambios pueden derivar en mayores precios de la energía eléctrica”, enfatizó.
Hernández González compartió las que considera las modificaciones más relevantes propuestas en la reforma, destacando el cambio en el orden del despacho de energía eléctrica, dando prioridad a la electricidad producida por las plantas generadoras propiedad de la (CFE).
La restricción para el otorgamiento de permisos de generación y comercialización a los criterios de planeación establecidos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (PRODESEN).
La modificación a los lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs) favoreciendo a la CFE, así como la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la revocación de permisos de autoabastecimiento.
Además que el Gobierno Federal podrá revisar, renegociar o terminar los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes.
“Es verdad que la reforma fue propuesta como un mecanismo para garantizar la seguridad energética del país, pero de la forma en que está estructurada, podría tener consecuencias negativas en términos de costos de la electricidad y de la confianza en el país para realizar inversiones”, alertó.
Recordó que la aprobación de los cambios no cuentan con un consenso legislativo, ni con el apoyo de algunos de los partidos de oposición, quienes planean presentar un recurso de inconstitucionalidad, que puede costar meses o incluso años para que los cambios propuestos sean aplicados.
Por Atahualpa Garibay