Durante la tarde de este día, la conversación en redes sociales y medios de comunicación giró de nueva cuenta sobre el Tren Maya, el proyecto más ambicioso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano.
Y es que varios sitios de noticias dieron a conocer que un tribunal confirmó la suspensión provisional de las obras en Yucatán, en un fallo que favorece a grupos originarios que se oponen a la construcción.
El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán declaró "infundado" el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto, en contra del freno de las obras que las asociaciones ganaron el 20 de enero.
Las magistradas del tribunal validaron el avance de la queja 21/2021, con la que una jueza federal concedió la suspensión provisional a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promueven el amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur.
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"Con la ejecución del referido proyecto se podría causar un impacto significativo en el medio ambiente, por toda la pérdida de cobertura vegetal, así como el desplazamiento en la flora y fauna, lo cual de ejecutarse sería irreversible", establece el fallo publicado este lunes.
La respuesta
Por medio de su cuenta de Twitter, personal del Tren Maya dieron a conocer que no detendrán las obras de construcción
"Sobre las notas circulando en medios de comunicación acerca de la supuesta suspensión de las obras del #TrenMaya en #Yucatán, informamos: No se confirmó definitivamente ninguna suspensión, existe una suspensión provisional que, en su caso, permanecerá hasta audiencia incidental", se puede leer en la publicación.
"El Tren Maya avanza porque siempre hemos actuado de acuerdo a la normatividad y la gente del sureste respalda el proyecto. Los esfuerzos para detener esta obra responden a intereses particulares y no a la voluntad del pueblo de México", añadieron en otro tuit.
El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de 321 mil 384 millones de pesos, recorrerá cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, algunos organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch' Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán.
"Opuesto al desarrollo económico está la protección de las personas en todas sus manifestaciones y derechos incluyendo a un medio ambiente sano y no únicamente económico", concedió la jueza del caso.
Este recurso es provisional en lo que se determina una suspensión definitiva y se resuelve el juicio de amparo a fondo.
Por ahora, solo afecta a obras nuevas del estado de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
AV