El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, detenido este miércoles en Acapulco, se reservó su derecho a declarar en la primera audiencia constitucional, donde se le acusa de ordenar el arresto y tortura de la periodista Lydia Cacho, en 2005.
En la audiencia, en el Poder Judicial de la Federación, en Cancún, que duró más de cuatro horas, la defensa de Marín Torres solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, lo que le permitirá tener más tiempo para reunir pruebas.
Será hasta el 10 de febrero cuando el juez defina si pasa su proceso en prisión, o en arraigo domiciliario.
El ex gobernador solicitó este beneficio, alegando que su estado de salud no es óptimo, que su edad es avanzada y que teme contagiarse de coronavirus en la cárcel.
La defensa de Cacho como el Ministerio Público pidieron al juez no hacer favorable dicha solicitud, pues afirmaron que ello le daría posibilidad de escapar de la justicia.
Araceli Andrade, abogada de Cacho, dijo que por ser un delito grave, el ex mandatario no debería tener derecho a estar en su domicilio.
Por Alejandro Castro, Alfonso Juárez y Karla Benítez
