Los periodos electorales representan una oportunidad para evaluar y decidir democráticamente sobre las políticas públicas que implementan nuestros gobernantes. En este sentido, durante los siguientes meses tendremos la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de nuestras autoridades en materia de seguridad. En otras palabras, en junio recaerá en nosotros la responsabilidad de elegir a quienes, sin excepción, tendrán la obligación constitucional de colaborar en la seguridad pública del país.
Ciertamente los retos que enfrenten serán complejos y diversos: los tipos de delitos, sus causas, los modos de operar, las capacidades institucionales y por ende las posibles soluciones varían significativamente entre unas regiones y otras. Seguramente, las autoridades de Guanajuato lidiarán con estructuras de delincuencia organizada diferentes a las de Baja California Sur. Por otro lado, es posible que algunos ayuntamientos reciban instituciones menos desarrolladas que otras. Sin embargo, dentro de esa diversidad, lo que estas autoridades encontrarán en común es la necesidad de impulsar políticas públicas concretas para mejorar la seguridad pública desde el ámbito local.
A nivel internacional se tienen ejemplos de políticas basadas en evidencia que potencialmente pueden ser adaptadas en nuestras condiciones locales. Para poner un ejemplo, el “Colegio de Policiamiento” de Inglaterra y Gales ―College of Policing, en inglés― publica los resultados de cientos de intervenciones enfocadas a crímenes, que en México equivalería al fuero local. Con este tipo de programas, la ciudadanía y autoridades electas podemos analizar los posibles efectos de las propuestas, como pueden ser la vigilancia vecinal o acciones de prevención situacional, sólo por mencionar un par de casos. Estos análisis incluyen políticas de distintos países, desde intervenciones diseñadas hace más de dos décadas en Estados Unidos, como la Operación Alto al Fuego, hasta otras más recientes implementadas en Brasil o Colombia.
Por otro lado, en nuestro país también podemos resaltar casos de éxito interesantes. A nivel entidad federativa destaca el reciente ejemplo de la Ciudad de México. Hasta hace dos años, la capital registraba 15.12 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2020 la cifra fue equivalente a 12.6 casos. De forma similar, los delitos de secuestro y robo a transeúnte redujeron de forma importante. A reserva de su propia naturaleza administrativa, pareciera que el enfoque de la CDMX está funcionando a través de sus estrategias de proximidad social, inteligencia policial y provisión de bienes públicos. Esperemos que con el tiempo tengamos más elementos para evaluar su impacto específico y replicabilidad en otras entidades.
Te podría interesar
Asimismo, en los últimos años han destacado casos de éxito municipales como el de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Para muestra de ello, México Evalúa demostró que las acciones del municipio redujeron en 12.5% los homicidios dolosos en un periodo de seis años. Su apuesta, tal como lo documentó la asociación en noviembre pasado, se ha basado en modelos de proximidad social, inteligencia policial y vigilancia orientada a problemas. Estos resultados son consistentes con los de actividades similares en otras partes del mundo.
Poco a poco somos testigos de gobiernos que le están apostando a fortalecerse en lo local y que utilizan herramientas de inteligencia policial para reducir el crimen. Indudablemente tendremos candidatos que busquen mover nuestros corazones y mentes a través de promesas; sin embargo, la evidencia de todos estos años nos dice que no debemos inclinarnos por las mismas propuestas de siempre. Estas elecciones serán nuestra oportunidad para decidir entre soluciones efectivas o proyectos fallidos. La decisión está en nosotros.
Por: Reynaldo Lecona Esteban, Maestro en Políticas Públicas por el ITAM y en Ciencias del Crimen por University College London (UCL).