Legisladores locales aprobaron la Ley de Amnistía estatal para beneficiar a personas que no recibieron defensa adecuada o debido proceso, que hubo falta de intérpretes en el proceso judicial, que fueron sentenciadas por exceso de legítima defensa, que no hayan cometido delitos graves, además de que no tengan antecedentes delictivos, entre otras condiciones, explicó la presidenta del Congreso del Estado, Alba Cristal Espinoza, quien promovió la iniciativa.
La propuesta presentada en noviembre pasado defiende su origen señalando que contribuirá a solucionar problemas del Sistema de Justicia Penal -como el hacinamiento en cárceles-y que el fin último es atender a personas vulnerables bajo el principio de presunción de inocencia; y dar vista a las diferentes violaciones a derechos humanos que se han señalado en procesos judiciales.
La diputada, titular del Poder Legislativo mencionó que la local es un espejo de la federal, pero que fue caracterizada con particularidades de la entidad, y afirmó que la ley debe ser interpretada desde un punto de vista de defensa de derechos humanos, y de modo técnico para no malinterpretar las disposiciones y que en un momento dado se deben generar las condiciones para su aplicación, como el destino de recursos para que el estado contrate a intérpretes, para despresurizar prisiones, y otras.
La propuesta fue sustentada con información estadística en la que se revelan las condiciones del encarcelamiento de personas en la entidad, por ejemplo, la sobrepoblación en los centros penitenciarios a cargo de la entidad de hasta el 233% y aproximadamente el 87.5% de las personas privadas de su libertad lleva más de un año en proceso, sin recibir sentencia.
También el sustento de la iniciativa aprobada refirió que el 26.2% de la población penitenciaria fue sustraída de un lugar privado, sin orden de aprehensión, y 21.5% fue arrestada inmediatamente después de cometer el presunto delito; además de que el 60.4% sufrió violencia psicológica y 52.3% violencia física durante el arresto.
El informe también destacó que en Nayarit al menos el 21.6% de las personas recluidas dijeron haber sido víctimas de presiones o amenazas para declararse culpable ante el Ministerio Público; y el 30% dijo haber sido amenazada con levantarle cargos falsos, entre otros dato públicos del INEGI, en Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario Estatal en México.
“Se tiene que considerar el hecho de que la permanencia prolongada en prisión, de personas en condición de vulnerabilidad, privadas de su libertad en un primer momento por cometer delitos no graves o de baja penalidad, puede fomentar, entre diversos actos peligrosos y de riesgo, que la otras personas y/o la delincuencia organizada induzca a esos grupos a continuar cometiendo delitos con mayor incidencia y gravedad, aprovechándose de su condición vulnerable y de necesidad” estima el documento aprobado.
Sigue leyendo:
Fuerzas Armadas inician plan piloto de distribución de medicamentos en México
Nayarit cede servicios de salud a la Federación: se replicará en todo el país asegura AMLO
Con 300 elementos de la Guardia Nacional, refuerzan seguridad en Nayarit