La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de promocionar el ejercicio de la revocación de mandato y apegarse a las limitaciones constitucionales que se le imponen.
Lo anterior, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra del titular del Ejecutivo, por el presunto uso indebido de recursos públicos, durante el evento “Tres Años de Gobierno” el pasado primero de diciembre, en donde el mandatario hizo menciones relacionados con el proceso de revocación de mandato, presuntamente con el objetivo de incidir en la preferencia ciudadana.
Por ello, bajo la figura de tutela preventiva, el PRD solicitó al INE hacer un llamado al Ejecutivo Federal para apegarse a las limitaciones constitucionales a que está sujeto y dejar de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas.
La instancia electoral determinó procedente la solicitud, ya que, desde una perspectiva “y en apariencia del buen derecho”, el titular del Ejecutivo Federal realizó promoción indebida del proceso de revocación de mandato que, eventualmente se realizará el 10 de abril de 2022, al invitar a la ciudadanía a participar, violando con ellos la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso, señaló la instancia.
La Comisión aclaró que no se trata de hechos aislados, toda vez que no es la primera vez que el Presidente emite expresiones relacionadas con el proceso, el pasado 8 de noviembre la Comisión emitió un llamado al Ejecutivo Federal y a servidores públicos en general para que ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral, derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del tres y cinco de noviembre pasados, en las que el Presidente aprovechó espacios de comunicación pública y oficial para pronunciarse en torno al ejercicio para promover la participación ciudadana.
Por ello, la instancia ordenó al mandatario que, desde que sea notificado sobre la procedencia de la medida cautelar y, hasta concluida la jornada de consulta de revocación, en caso de realizarse; se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana.
De igual manera, se ordenó a la Consejería Jurídica; a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería; al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), y a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro de cualquier formato informativo oficial, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan a sus funciones, cualquier promoción al proceso de Revocación de Mandato, así como de aquellas que vulneren los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, en cualquier espacio o medio de comunicación.
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