Dado que las invasiones de terrenos se han convertido en una práctica de personajes que las utilizan para chantajear a las autoridades abusando de las familias que requieren de un espacio para construir una vivienda, las autoridades deben actuar para combatir estas acciones irregulares dijo la presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, María Victoria Sánchez Peña.
La diputada indicó que no es posible que hasta la fecha no se haya actuado contra estos líderes que perjudican al patrimonio estatal y la economía de personas de escasos recursos, a quienes les revenden lotes para enriquecerse con toda impunidad.
Sánchez Peña señaló que estas irregularidades deben erradicarse de la entidad a través de acciones concretas, con lo cual la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa del Gobierno Estatal estaría tomando el lugar que le corresponde, que es el de proveer de vivienda a quienes más lo necesitan.
Añadió que es apremiante que la 64 Legislatura retome con la seriedad debida este fenómeno social que puede terminar en un problema de salud pública porque las “invasiones” crean cinturones de miseria y hacinamiento, además de un conflicto legal por la propiedad de los predios.
“Se tiene que revisar la legislación en materia de vivienda para ver qué se puede hacer desde el Congreso del Estado contra estas personas (líderes de ‘invasiones’) que a eso se dedican, a estar viviendo de la necesidad de la gente. Tenemos que entender que eso ya no lo podemos permitir; la autoridad tiene que actuar de alguna manera para que esto se termine”.
Las observaciones anteriores, las planteó la diputada Sánchez durante la sesión de trabajo que sostuvo la Comisión de Vivienda del Congreso con el director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), Noé Heredia Ayón.
El funcionario estatal hizo una exposición de las labores llevadas a cabo por CVIVE durante este 2021 y detalló los proyectos que la institución tiene en agenda para el próximo 2022, entre los que destacan unidades básicas de vivienda y recámaras adicionales en Mazatlán, Concordia, Guasave, Salvador Alvarado, El Rosario y Culiacán, principalmente, donde se beneficiarán familias desplazadas por la violencia, personas de escasos recursos y viudas de policías.
mgm
