Para terminar con procedimientos difíciles y tortuosos que afectan las posibilidades de niñas, niños y adolescentes sean adoptados por una familia, los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de la Niñez, aprobaron por unanimidad, la Iniciativa con proyecto de decreto en materia de adopción.
En el documento, se establece un Registro de Adopciones que concentrará la información de los menores susceptibles de adopción tanto en situación de abandono, exposición o por pérdida de la patria potestad, así como de solicitantes de adopción, adopciones concluidas, no concluidas y en trámite.
Se generan medidas especiales de protección en materia de adopción que deberán garantizar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Protección y Defensa de los menores, la cual deberá dar seguimiento cada seis meses a las adopciones concluidas, por los siguientes tres años.
Se establecen plazos para el procedimiento administrativo en materia de adopción y también se plantean prohibiciones específicas, a través de un catálogo de conductas prohibidas con la finalidad de salvaguardar los derechos y la integridad de las y los menores.
También se disponen los criterios mínimos que debe tener el informe de adoptabilidad y se crea el Comité Técnico de Adopción, así como una regulación de los Centros de Asistencia Social.
La Diputada promovente, Lilia Rossbach, quien promovió la propuesta, consideró que, como madre adoptiva, el tema siempre le ha preocupado al ver la situación de abandono de infantes y los procesos por los que tienen que atravesar para poder contar con el derecho humano a la familia.
Expresó su preocupación ante la falta de información precisa sobre el número de niñas y niños en esta situación, así como de los que ya han sido adoptados, por lo que, dijo, su Iniciativa busca formalizar y facilitar todo el proceso de adopción.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez reconoció que ésta ha sido una de las iniciativas más complejas que analizaron por las implicaciones sociales administrativas y jurídicas que contiene, pero se logró construir un marco jurídico que da certeza y claridad en los procesos de adopción y enumeró algunos de sus puntos más importantes.
Por: Jorge Almaquio García